El juicio federal de Luigi Mangione, acusado del asesinato del ejecutivo Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, ha sido reprogramado para enero de 2027. La decisión fue adoptada el lunes 29 de junio por la jueza federal Margaret Garnett, en el tribunal de distrito de Manhattan, Nueva York.
Originalmente, el proceso estaba fijado para comenzar el 13 de octubre de este año. Sin embargo, la magistrada determinó que la selección del jurado dará inicio el 5 de enero de 2027 y que las alegaciones iniciales se presentarán el 25 de enero. La resolución responde a la preocupación de la jueza de que la celebración simultánea de las causas federal y estatal podría entorpecer tanto la preparación de la defensa como el adecuado desarrollo de ambos procedimientos.
En el ámbito estatal, Mangione enfrenta cargos de homicidio en segundo grado y de posesión ilegal de armas, entre ellas un silenciador y un arma fabricada con impresora 3D. Este juicio continúa previsto para el 8 de septiembre de 2026, tal y como había sido programado anteriormente.
En la vertiente federal, las autoridades le imputan delitos de persecución interestatal (stalking) y de uso de medios de comunicación —teléfono e internet— para acosar a la víctima. La fiscalía intentó inicialmente catalogar estos hechos como terrorismo, lo que podría haber implicado la pena de muerte, pero esa clasificación fue rechazada en 2025 por un juez federal distinto tras un análisis de la normativa aplicable.
Luigi Mangione se declaró inocente de todas las acusaciones y permanece a la espera de juicio bajo custodia. Durante la audiencia del pasado lunes se produjo un incidente inusual: el acusado quedó atrapado unos veinte minutos en un ascensor del edificio judicial antes de acceder a la sala de vistas, según informó la prensa norteamericana.
La estrategia de defensa de Mangione había contemplado en un primer momento la posibilidad de invocar una “perturbación emocional extrema” como atenuante. De prosperar ese argumento podría rebajarse la imputación a homicidio culposo, lo que conllevaría una pena máxima de 25 años de prisión. No obstante, los abogados retiraron formalmente esa notificación, si bien podrán reactivarla en una fase posterior conforme a las normas de procedimiento penal de EE. UU.
Contexto sobre la jurisdicción federal y estatal
En Estados Unidos coexisten dos sistemas jurídicos paralelos: el federal y el estatal. Los tribunales federales sólo conocen de aquellos delitos tipificados en el Código Penal Federal, como las violaciones a normas de seguridad interestatal o el uso de comunicaciones para cometer delitos. Los tribunales estatales, en cambio, se encargan de juzgar la mayor parte de los crímenes —como homicidios y posesión de armas— conforme a los códigos penales de cada estado. En el caso de Mangione, al existir cargos en ambos ámbitos, las autoridades decidieron escalonar las fechas para evitar interferencias en la instrucción.
Proceso de selección del jurado
La selección del jurado es un procedimiento clave en el sistema penal de jurados de EE. UU. Consiste en examinar a decenas de candidatos potenciales para determinar su imparcialidad. Durante el interrogatorio, tanto la defensa como la fiscalía pueden descartar a posibles miembros sin necesidad de justificarlo exhaustivamente, aunque existen límites legales. Una vez formado, el jurado debe escuchar las pruebas, las declaraciones de testigos y los argumentos de las partes antes de emitir un veredicto.
Posibles consecuencias de la condena federal
De ser finalmente hallado culpable de los cargos federales de persecución interestatal y uso ilícito de comunicaciones, Mangione se arriesga a cumplir una condena adicional que se sumaría a la eventual pena estatal. Las sentencias federales se rigen por unas directrices de la propia corte (federal sentencing guidelines) que establecen rangos de años de prisión según la gravedad del delito y otros factores agravantes o atenuantes.
Con este aplazamiento del juicio federal, la causa contra Luigi Mangione quedará pendiente de resolución hasta bien entrado 2027, mientras que el proceso estatal podría concluir previamente, a menos que las partes acuerden un nuevo aplazamiento o se produzcan recursos ante instancias superiores.
