Con menos de cien días para las elecciones generales de 2026, la carrera por el gobierno de São Paulo puede registrar el menor número de candidatos desde 1986, año de la primera elección tras la redemocratización de Brasil. En aquel proceso compitieron cinco aspirantes por el Palácio dos Bandeirantes, resultando electo Orestes Quércia por el entonces PMDB. El récord de candidaturas se remonta a 2002, con 17 participantes.
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En el escenario actual, solo dos precandidatos han sido anunciados: el gobernador Tarcísio de Freitas (Republicanos) y el exministro de Hacienda Fernando Haddad (PT). Las convenciones partidarias, que oficializarán los nombres, tendrán lugar del 20 de julio al 5 de agosto, lo que deja espacio para que surjan más aspirantes.
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Hasta hace poco, cuatro nombres estaban en pugna, pero Paulo Serra (PSDB) y Kim Kataguiri (Missão) retiraron sus candidaturas. Estas renuncias preocupan a los aliados de Haddad, ya que podrían facilitar la reelección de Tarcísio ya en la primera vuelta.
Este escenario de escasos precandidatos indica que los partidos están priorizando la elección de diputados y senadores, dado que la asignación del Fondo Especial de Financiación de Campaña (FEFC) depende del número de escaños obtenidos en el Congreso Nacional. Desde la prohibición de la financiación empresarial de las campañas en 2017, los partidos concentran gran parte de los recursos del FEFC en estas contiendas.
Glauco Peres da Silva, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de São Paulo (USP), explica: “Las formaciones políticas muestran menos interés en ganar el gobierno estatal porque necesitan asegurar un número significativo de representaciones en el Parlamento. No destinarán fondos a candidaturas inviables. Solo aquellos con posibilidades reales se postulan; otros, incluso los ideológicos, ni siquiera intentan medir sus fuerzas, pues deben elegir diputados federales para superar cláusulas de desempeño y barreras electorales”.
En la última elección para gobernador, en 2022, los topes de gastos establecidos por el Tribunal Superior Electoral fueron aproximadamente de 4,8 millones de euros para la primera vuelta, con un incremento de 2,4 millones de euros para la segunda. Para el Senado fue de unos 1,3 millones de euros, y para la Cámara de Diputados rondó los 560.000 euros. Para las Asambleas Legislativas o distritales, el límite fue de 220.000 euros. Para este año, dichos valores aún no han sido publicados por la Corte.
El FEFC se creó tras la reforma política de 2015 como mecanismo de financiación pública, con la intención de garantizar equidad entre las fuerzas partidarias y reducir la influencia del dinero privado. Desde entonces, los recursos se distribuyen de forma proporcional al desempeño electoral de cada partido y a su representación en el Parlamento. Las cláusulas de desempeño y las exigencias mínimas de votación introducen barreras que incentivan a los partidos a concentrar esfuerzos en candidatos con mayores posibilidades y a desistir de candidaturas menos competitivas.
La ausencia de una mayor cantidad de aspirantes al gobierno de São Paulo puede reflejar una estrategia calculada de las formaciones políticas, que prefieren asegurar escaños federales y estatales para garantizar financiamiento y representación legislativa antes que dispersar recursos en campañas cuya victoria consideren remota.
