La Policía Federal (PF) de Brasil ha indiciado a Mauro Henrique Moreira Sousa, presidente de la Agência Nacional de Mineração (ANM), junto con otras 16 personas, por su presunta participación en un esquema de minería ilegal en la Serra do Curral, en el estado de Minas Gerais. Estos indiciamientos forman parte del inquérito de la denominada Operación Parcours, que investiga irregularidades en la explotación de recursos minerales en una zona protegida.
Según la investigación, empresarios, servidores públicos, consultores y geólogos habrían manipulado planes de recuperación ambiental para seguir extrayendo hierro en la Mina Granja Corumi, ubicada en la Serra do Curral. Esta sierra, declarada área de protección por tombamento —una figura de preservación del patrimonio natural y cultural—, había sido incluida en proyectos de rehabilitación paisajística que, en la práctica, sirvieron para disimular la continuidad de la actividad extractiva.
La PF destacó que las empresas beneficiadas presentaban ante la ANM y otros organismos planes que preveían la restauración del terreno y el cierre definitivo de la mina. Mientras las autoridades de supervisión creían que la extracción se había detenido en favor de procesos de recuperación, el grupo mantenía de forma clandestina la actividad minera, con miras a obtener un lucro que, según las estimaciones oficiales, ascendía a 2.300 millones de reales brasileños, equivalentes a unos 414 millones de euros.
El esquema no solo habría generado un importante beneficio económico para los implicados, sino que también habría causado daños ambientales en la propia Serra do Curral, un entorno ya afectado por la deforestación, la erosión y la contaminación de acuíferos. Ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil vienen alertando desde hace años sobre el riesgo que supone la explotación indiscriminada de minerales en una región con alto valor paisajístico y cultural.
En un comunicado, la ANM aseguró que toda su actuación “estuvo relacionada con el cumplimiento de las determinaciones de la Justicia Federal y con la conducción administrativa del proceso de cierre definitivo de la mina”. La entidad subrayó su compromiso con la regulación del sector y con los preceptos ambientales que rigen la actividad minera en Brasil.
Más personas indiciadas
Paralelamente, en el contexto de la Operación Rejeito, la PF ha indiciado a otras 34 personas por delitos similares de minería ilegal y fraude en Minas Gerais, de acuerdo con el diario Estadão. Lanzada en septiembre de 2025, aquella operación ejecutó 22 mandatos de prisión preventiva y 79 órdenes de registro y apreensión, además de apartar a varios servidores públicos. Entre los detenidos figuró Caio Trivellato, entonces director de la ANM.
Las pesquisas revelaron que los implicados sobornaban a funcionarios estatales y federales para obtener licencias ambientales y autorizaciones fraudulentas. El empresario Alan Cavalcante do Nascimento fue señalado como cabecilla del grupo; se le atribuye la gestión de diversas empresas, incluida una concesión de explotación minera también en la Serra do Curral.
Operación Parcours
Iniciada por la PF en marzo de 2023, la Operación Parcours contó con la colaboración de la Controladoria-Geral da União (CGU) y el apoyo del Ministerio Público Federal (MPF). Fueron cumplimentadas 14 órdenes de registro en distintas localidades y bloqueados bienes y activos por un valor aproximado de 832 millones de reales —alrededor de 150 millones de euros—. La 3ª Vara Federal Criminal de Minas Gerais determinó el inmediato cese de funciones de dos servidores de la ANM y la suspensión de las actividades de la empresa involucrada.
El objetivo central de esta operación fue desarticular una red sistemática de agentes públicos y consultores técnicos que, según la PF, manipulaban datos geológicos, alteraban informes ambientales y ocultaban el verdadero alcance de los daños provocados por la minería no autorizada.
Contexto institucional y patrimonial
La ANM, creada en 2017 para sustituir al extinto Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM), tiene la misión de regular, normativizar y fiscalizar la actividad minera en Brasil, promoviendo la sostenibilidad y el respeto a las normas ambientales. Por su parte, la figura del tombamento, gestionada por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN), busca proteger áreas con valor histórico, cultural o natural frente a actividades potencialmente destructivas.
La Serra do Curral, emblema del paisaje de Belo Horizonte y declarado patrimonio nacional en 2021, es un ejemplo de la frágil convivencia entre desarrollo económico y conservación ambiental. Los recientes escándalos ponen de manifiesto los retos que plantea asegurar la legalidad y la transparencia en un sector tan estratégico para la economía brasileña como conflictivo en términos de impacto ecológico.
