Una empresa situada en el Distrito Federal, mencionada en una investigación de la Policía Federal como posiblemente gestionada por un director de la iglesia Congregación Cristiana en Brasil, recibió 3,24 millones de euros de una sociedad matriz bajo pesquisa por lavado de dinero, la Arpar Administração, Participação e Empreendimento S.A.
Según las pesquisas, Arpar habría movido millones de euros a través de diversas empresas de fachada, canalizando fondos vinculados al fraude en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), así como a actividades delictivas como tráfico de drogas, comercio ilegal de armas, apuestas no autorizadas y pago de sobornos.
Registrada en un espacio de coworking en Asa Sul, la Isabela V R O Ltda., cuyo objeto social aparece como “otras actividades de enseñanza no especificadas anteriormente”, figura formalmente a nombre de una residente de Valparaíso de Goiás, en el entorno del Distrito Federal.
A pesar de ser propietaria de una compañía que movió sumas millonarias en poco más de dos años, la mujer continuó inscrita en el Cadastro Único del Gobierno Federal, percibiendo 135 euros mensuales del programa Bolsa Família y trabajando al mismo tiempo en empresas privadas con un salario mínimo.
La Congregación Cristiana en Brasil fue contactada para esta noticia, pero hasta el cierre de esta edición no se había pronunciado. La defensa de los demás implicados tampoco fue localizada; el espacio permanece abierto para eventuales declaraciones.
De acuerdo con un Informe de Inteligencia Financiera (RIF) del Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), se comunicó a la cooperativa donde la empresa mantenía cuenta que Isabela V R O Ltda. formaba parte de un grupo económico vinculado a Paulo Henrique Venancio da Rocha, director de una de las unidades de la Congregación Cristiana en Brasil en el DF.
El mismo documento señala que “diferentes CIF de empresas se utilizaban para distribuir la facturación entre las entidades del grupo, todas ubicadas en un coworking”, dado que “las operaciones eran mayoritariamente digitales” y estaban “cerca del domicilio” de Paulo.
Según el informe al que tuvo acceso este medio, entre enero de 2023 y agosto de 2025, Isabela V R O Ltda. movió 45,97 millones de euros, pese a ostentar un capital social declarado de apenas 18.000 euros. En ese periodo, la compañía recibió 3,24 millones de euros de Arpar y otros 288.000 euros de Dinar, otra sociedad sin empleados también bajo pesquisa.
Los registros financieros muestran que Paulo transfirió 88.560 euros a Isabela V R O Ltda. y recibió 280.800 euros de vuelta. Asimismo, obtuvo 83.160 euros de JK Global, implicada en fraudes al INSS, además de transferencias de otros CIF investigados, como Recovery Black, señalada también como empresa de fachada.
Otro punto que llamó la atención de los investigadores es que la presunta titular de la sociedad apenas se benefició de los recursos movilizados. Según el análisis, ella recibió solamente 3.679 euros de la empresa durante todo el periodo.
Estos datos constan en el sumario de la Policía Federal que indagó los descuentos ilegales en la seguridad social y en documentos con quiebra de secreto bancario solicitados por la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) del INSS.
FRAUDES EN CUENTAS DEL BRB
La pesquisa de la PF fue incorporada íntegramente por el Ministerio Público del Distrito Federal y Territorios (MPDFT) a la Acción Civil que analizaba un esquema de descuentos asociativos irregulares en las cuentas de clientes del Banco de Brasilia (BRB).
Según el MPDFT, la inclusión de este expediente busca demostrar que el modus operandi detectado en el DF sigue el mismo patrón técnico de las maniobras fraudulentas en el INSS.
En la demanda, el MPDFT procesa al BRB, a la asociación Centro de Asistencia e Integración de los Servidores Públicos (Cassisp) y a sus administradores por un presunto plan de débitos automáticos ejecutados sin autorización en las cuentas de empleados públicos. Al igual que Isabela V R O Ltda., Cassisp habría operado desde un coworking.
Entre las semejanzas se destaca el uso de entidades asociativas para legitimar cargos indebidos, la ausencia de consentimientos válidos, la concentración de las deducciones en personas mayores y vulnerables, y fallos de supervisión que dotaron de apariencia legal a las transacciones.
RESPONSABLE DE CASSISP DETENIDO EN EL FRAUDE AL INSS
Cassisp es una de las asociaciones centrales en los fraudes al BRB. Fue creada por Adelino Rodrigues Junior, detenido por su participación en los descuentos ilegales a jubilados y pensionistas del INSS.
Adelino, que también se asoció con Antonio Carlos Camilo Antunes, alias Careca do INSS, fundó Cassisp en abril de 2024 junto a Samuel Messias dos Santos. Tres meses más tarde, la presidencia pasó a Regina Pacheco Cataneo, actual titular. El MPDFT afirma que la asociación carecía de miembros del público al que supuestamente debía servir.
La Policía Civil del DF calcula que más de 3.500 cuentas sufrieron deducciones no autorizadas, con un perjuicio inicial superior a 900.000 euros.
En la Operación Parasita, realizada el martes 23 de junio, siete implicados vinculados a Cassisp y otras organizaciones fueron arrestados. Tres de ellos ya figuraban en investigaciones de la Policía Federal por fraudes al INSS.
“El grueso de los detenidos contaba con antecedentes por delitos similares. Tres objetivos tenían relación directa con investigaciones de la Policía Federal”, resumió el delegado Henry Galdino, a cargo del caso.
LA VERSIÓN DEL BRB
En un comunicado, el BRB informó haber presentado noticia criminal ante las autoridades tras identificar irregularidades. Como medida interna, apartó a tres empleados de sus funciones mientras se esclarecen responsabilidades.
El banco afirmó que los hechos no involucran su gestión actual y subrayó que acatará las sanciones previstas si se confirma alguna infracción. Reiteró su “compromiso con la integridad, el cumplimiento y la transparencia” y su disposición a cooperar con la justicia.
