Separados aún de niños y sin contacto durante gran parte de su vida, los españoles Ana Parra y Daniel Parra se reencontraron ya adultos, establecieron una amistad que con el tiempo se transformó en amor y hoy llevan once años viviendo juntos. Padres de dos hijos, ahora libran una batalla judicial para conseguir autorización para casarse en España.
Ana creció sin convivir con su padre biológico. Según relató al diario español El Español, fue su madre quien le reveló la existencia de un hermano por parte de padre. Al cumplir 20 años, decidió emprender la búsqueda del familiar del que nada sabía hasta entonces.
El reencuentro con Daniel tuvo lugar años después de la separación inicial de la familia. La aproximación fue paulatina y, con el paso del tiempo, la amistad entre ambos derivó en una relación sentimental. Actualmente, la pareja vive junta y ha formado un hogar, pero continúa enfrentándose a obstáculos de índole legal que impiden la oficialización de su unión conyugal ante los registros civiles.
La historia de Ana y Daniel alcanzó repercusión internacional en 2017, cuando ambos participaron en un programa de televisión y anunciaron públicamente su vínculo afectivo. “Queremos decirles que, además de hermanos, somos pareja. Estamos enamorados”, declararon frente a las cámaras, provocando sorpresa y conmoción entre algunos familiares, mientras que otros mostraron su apoyo a la pareja.
Aunque su relación no se considera delito en España al tratarse de dos adultos consentidores, la legislación actual prohíbe expresamente el matrimonio entre parientes en línea recta y colateral hasta cierto grado. El Código Civil español, en su artículo 44, establece que no pueden casarse entre sí el adoptante y el adoptado ni los parientes en línea recta por consanguinidad, y el artículo 48 amplía esta prohibición a parientes en línea colateral hasta el segundo grado (hermanos), lo que impide a Ana y Daniel formalizar su unión matrimonial ante el Registro Civil.
Frente a esta situación, la pareja ha iniciado un procedimiento judicial en los tribunales españoles solicitando una interpretación amplia de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, en especial el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho al matrimonio reconocido en el artículo 32. Alegan que la prohibición actual entra en conflicto con la protección de la vida privada y la libre elección de estado civil que promueven diversos tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En el ámbito penal, el Código Penal español no tipifica el incesto entre adultos como delito, puesto que solo sanciona los actos de carácter sexual con menores o quienes sufran discapacidad para consentir. Por tanto, la relación de Ana y Daniel no ha supuesto persecución criminal, pero sí una barrera estricta para acceder al reconocimiento legal de su unión.
La batalla judicial de la pareja podría sentar un precedente sobre la interpretación de la normativa española relativa al parentesco y al matrimonio. En caso de prosperar, se abriría un debate jurídico y social acerca de los límites de la autonomía personal y las prerrogativas del legislador para regular las uniones familiares. Algunos expertos en derecho civil defienden que la prohibición persiste con base en razones de orden público destinadas a prevenir posibles inconvenientes genéticos y proteger la estructura familiar tradicional, mientras que otros abogados argumentan que las circunstancias concretas —dos adultos plenamente informados y sin convivencia paterno-filial— podrían justificar una excepción.
En paralelo, organizaciones especializadas en derechos reproductivos y asociaciones de juristas han manifestado interés por el caso, dado que cuestiona la compatibilidad de las normas actuales con los principios de igualdad y libre disposición de la persona. El proceso judicial todavía se encuentra en fases iniciales, y la pareja espera que el Tribunal Supremo o incluso el Tribunal Constitucional español se pronuncien sobre la posible inconstitucionalidad de las prohibiciones a las que se enfrentan.
