El martes (23/2) falleció el hombre acusado de amputar la mano al policía militar Eduardo Marchetti Sampaio durante una acción de violencia doméstica en Arenápolis (MT), ocurrida en la noche del domingo (21/6). El sospechoso recibió un disparo en el tórax al resistirse a la detención, pese a haber herido al agente.
Tras el deceso, la Policía Militar del Estado de Mato Grosso (PMMT) emitió un comunicado oficial, en el que enfatizó que todas sus intervenciones se realizan de manera técnica, legal y en estricto cumplimiento de la legislación brasileña. “Cualquier acción letal o tentativa de homicidio contra el Estado, representado por sus agentes en el ejercicio del deber, recibirá una respuesta inmediata y proporcional. La reacción del Estado frente a agresiones de esta naturaleza siempre estará a la altura del riesgo impuesto”, declaró la corporación en la nota. La PMMT añadió que, conforme a las normas vigentes y en aras de la transparencia de la administración pública, adoptará todas las medidas necesarias para investigar y esclarecer los hechos que rodearon la acción policial.
El incidente comenzó cuando, en la tarde del domingo (21/6), una mujer se presentó en el cuartel de la PM de Arenápolis para denunciar agresiones por parte de su pareja. En el marco de la llamada Operación Escudo Femenino —un dispositivo específico de la Policía Militar para atender casos de violencia doméstica amparado por la Ley nº 11.340 de 2006 (conocida como Ley Maria da Penha)—, los agentes se trasladaron al domicilio del sospechoso. Ya en el inmueble, los policías solicitaron en varias ocasiones que el hombre se entregara voluntariamente, pero no obtuvieron respuesta.
Según el boletín de ocorrência, al ingresar en la vivienda, un soldado fue atacado por el sospechoso con un facón (machete) y sufrió un corte grave en la mano izquierda. Ante la gravedad de la lesión y para salvaguardar la integridad del resto del equipo, la patrulla se replegó y solicitó refuerzos a la unidad de Nortelândia.
Cuando la ayuda llegó, los agentes retornaron al lugar y hallaron al hombre escondido en la parte trasera del patio, aún empuñando el machete. El sospechoso emprendió de nuevo la agresión contra la dotación, lo que motivó que los policías abrieran fuego. El proyectil impactó en el tórax del individuo, quien dejó caer el arma y fue detenido en el acto.
Posteriormente, el herido fue trasladado al servicio de urgencias de Arenápolis, donde recibió atención médica inmediata. Sin embargo, a pesar de las maniobras de reanimación y los cuidados hospitalarios, no pudo ser estabilizado y falleció por la gravedad de la lesión.
El caso quedó registrado bajo los siguientes delitos: tentativa de homicidio, amenaza, lesión corporal, daño, desobediencia y resistencia a la autoridad. En Brasil, el Tribunal de Justicia de Mato Grosso y la Corregedoria de la PM deberán analizar ahora el procedimiento para determinar si se ajustó a los protocolos de uso de la fuerza y a los estándares internacionales de derechos humanos.
Contexto y operativos
La Policía Militar en Brasil es responsable del patrullaje preventivo y de la respuesta inmediata a delitos penales, incluidas las situaciones de violencia doméstica. La denominada Operación Escudo Femenino nació hace varios años como un refuerzo a la Ley Maria da Penha, que estableció medidas más severas de protección a víctimas de agresiones por parte de sus cónyuges o parejas. Este tipo de dispositivos suelen implicar apoyo psicológico, orientación legal y despliegue rápido de patrullas especializadas.
La respuesta policial en Arenápolis evidencia la complejidad de las intervenciones en domicilios, donde pueden surgir riesgos tanto para las víctimas como para los propios agentes. En ese sentido, las instituciones de seguridad pública de Mato Grosso y de otros estados brasileños suelen recibir capacitaciones continuas en negociación, uso progresivo de la fuerza y primeros auxilios.
A nivel nacional, la actuación de la PMMT y de otras policías militares ha sido sometida a escrutinio por organizaciones de derechos humanos, que demandan mayor formación en derechos fundamentales y protocolos de desescalada. Al mismo tiempo, sectores de la sociedad reclaman herramientas efectivas para proteger a las potenciales víctimas de violencia doméstica, un problema que sigue siendo prioritario en la agenda de seguridad y justicia en Brasil.
