El ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF), remitió a la Advocacia-Geral da União (AGU) documentos para reforzar la solicitud de extradición de la exdiputada federal Carla Zambelli (PL-SP) a Italia. El caso involucra la persecución armada ocurrida en São Paulo, un incidente que derivó en su condena por porte ilegal de arma de fuego y coacción ilegal con uso de arma.
En una decisión dictada en la noche de este martes 23 de junio, Gilmar Mendes subrayó que Zambelli fue condenada por el pleno del Supremo con una amplia mayoría de votos. El relator de la acción penal también enfatizó que, de aprobarse la extradición, Zambelli cumplirá la pena en un establecimiento penitenciario adecuado, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
El envío de la información a la AGU se produce poco antes de que la Corte de Casación de Roma analice, el 1 de julio, una segunda solicitud de extradición de la exdiputada, relacionada con la misma condena. La Corte de Casación constituye la instancia judicial más alta de Italia y su labor es revisar y unificar la jurisprudencia del país, incluida la examinación de pedidos de extradición previstos en convenios bilaterales.
Anteriormente, la Corte italiana ya se había pronunciado a favor de la extradición de Zambelli, pero la exparlamentaria presentó un recurso contra esa decisión. En Brasil, tras la condena dictada por el STF, el procedimiento de extradición demanda la remisión de documentación acreditativa por parte de la AGU al Estado reclamante, en este caso Italia, para que sus tribunales inferiores ratifiquen el traslado del procesado.
Por hechos ocurridos antes de las elecciones de 2022, cuando Zambelli aún era diputada federal, fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por porte ilegal de arma de fuego y coacción ilegal con uso de arma. La condena se originó tras una persecución armada en la que se empleó un vehículo oficial, lo que agravó las circunstancias del delito y motivó una sanción mayor por el uso indebido de prerrogativas.
Desde el 22 de mayo, Zambelli está en libertad tras la Justicia italiana denegar otra solicitud de extradición, relacionada con la invasión de los sistemas del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), por la que fue condenada a diez años y ocho meses de prisión. En ese caso, la defensa de Zambelli alegó problemas de imparcialidad en el juicio, lo que la Justicia de Roma consideró suficiente para rechazar el trámite en primera instancia.
A CRÍTICAS A MORAES
Al rechazar la solicitud de extradición relativa a la invasión de los sistemas del CNJ, la Justicia italiana mencionó una supuesta parcialidad del ministro Alexandre de Moraes, del STF, al afirmar que actuó como “juez y víctima” en el caso. “Surgieron diversos elementos capaces de generar dudas sobre la imparcialidad, en el aspecto objetivo, del tribunal que emitió la condena de la recurrente”, indica la resolución.
Según el documento, al que tuvo acceso Metrópoles, la Corte italiana consideró que Moraes fue víctima de la invasión informática, citando la orden de detención falsa insertada en los sistemas del CNJ en enero de 2023, además de los daños reputacionales derivados del episodio.
Proceso de extradición en Brasil
La Constitución brasileña y tratados internacionales establecen que, tras la condena firme en el país de origen, el gobierno federal, a través de la AGU, debe enviar información detallada al Estado solicitante. Esta información incluye copia del proceso, sentencia condenatoria, fundamentación jurídica y datos personales del condenado. Una vez recibidos, los tribunales del Estado extranjero evalúan la legalidad del trámite y pueden autorizar o denegar la entrega.
La AGU es el órgano jurídico del Poder Ejecutivo que asesora a la Presidencia de la República y a los ministerios, y representa al Estado en litigios y acuerdos internacionales. Su papel en casos de extradición es fundamental, ya que actúa como enlace entre las decisiones del STF y las autoridades de los países reclamantes.
En el contexto europeo, Italia mantiene convenios de cooperación judicial con Brasil para combatir delitos transnacionales. La Corte de Casación de Roma, al igual que otras instancias superiores, vela por la correcta aplicación de los tratados y por garantizar el debido proceso, incluida la defensa de los derechos fundamentales de los implicados.
Carla Zambelli, figura pública y miembro del mismo partido que el presidente Donald Trump considera aliado fuera de Estados Unidos, ha mantenido una postura combativa en su defensa legal. El desarrollo de este procedimiento de extradición marcará un precedente en la cooperación judicial entre Brasil e Italia y en el seguimiento de sanciones por delitos cometidos por exautoridades políticas.
