La decisión de Estados Unidos de clasificar al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas no fue la primera iniciativa de este tipo en América del Sur. Antes del anuncio oficial del Departamento de Estado norteamericano, tanto Argentina como Paraguay habían adoptado medidas equivalentes contra estas dos facciones criminales brasileñas.
El Gobierno de Paraguay fue el primer país sudamericano en encuadrar formalmente al PCC y al CV como organizaciones terroristas. El 31 de octubre de 2025, el presidente Santiago Peña firmó un decreto ejecutivo en el que se señalaba que ambos grupos se dedicaban a actividades ilícitas en territorio paraguayo, como el narcotráfico, el tráfico de armas y el blanqueo de capitales. A raíz de esa clasificación, las autoridades paraguayas implementaron mecanismos de combate más rigurosos: reforzaron la presencia militar y policial en las zonas fronterizas con Brasil, aumentaron los controles de paso en rutas terrestres y aéreas, y establecieron protocolos de investigación financiera para detectar y bloquear transacciones sospechosas.
Ese mismo día, el Ejecutivo de Argentina anunció una medida similar. El Gobierno del presidente Javier Milei incluyó al PCC y al CV en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (REPET), donde se catalogan formalmente a organizaciones que emplean el crimen para fines de intimidación o desestabilización. Con la incorporación de estas dos facciones, Argentina elevó el nivel de alerta en las regiones limítrofes y desplegó tropas militares en puntos estratégicos, especialmente en la llamada Tríplice Frontera, donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay. La operación argentina contó con blindados, helicópteros de reconocimiento, drones de vigilancia, unidades especializadas en ciberdefensa y radares de largo alcance.
A comienzos de octubre de 2025, una gran operación policial en el estado de Río de Janeiro, con decenas de detenidos y múltiples incautaciones de armas y drogas, aceleró la respuesta de sus países vecinos. Las autoridades de Argentina y Paraguay interpretaron que el cerco sobre las facciones dentro de Brasil podría impulsar un desplazamiento de sus actividades hacia territorios adyacentes, lo que creaba riesgos adicionales de violencia transnacional.
En el caso de Argentina, Patricia Bullrich, en aquel momento ministra de Seguridad, justificó la inclusión de PCC y CV en el REPET al afirmar que “las organizaciones criminales sometidas a presión en su país tienden a refugiarse en naciones vecinas, lo cual amenaza la integridad de nuestras fronteras”. Además, se intensificaron los controles migratorios y se modernizaron las plataformas de intercambio de información policial con Brasil y Paraguay.
La clasificación por parte de Estados Unidos se hará efectiva a partir del 5 de junio de 2026, cuando el Departamento de Estado incluya oficialmente al PCC y al CV en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). Este mecanismo, creado originalmente en 1997 con la aprobación de la Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva (Antiterrorism and Effective Death Penalty Act), permite al Gobierno de EE.UU. imponer sanciones económicas, congelar activos bajo jurisdicción estadounidense y prohibir cualquier tipo de apoyo material a las agrupaciones terroristas.
La inclusión en la lista FTO otorga a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, facultades ampliadas para aplicar sanciones financieras: se bloquean cuentas bancarias, se prohíbe la exportación de bienes sensibles y se impiden transacciones que pudieran beneficiar a los grupos designados. Además, se establece un tipo penal para cualquier persona o entidad que proporcione ayuda directa o indirecta al PCC o al CV, con posibles penas de prisión en Estados Unidos.
En conjunto, las medidas adoptadas por Paraguay, Argentina y Estados Unidos conforman una estrategia regional coordinada para limitar los recursos, la movilidad y la capacidad operativa de dos de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. A medida que entren en vigor los decretos y reglamentos, las fuerzas de seguridad de los tres países intensificarán la vigilancia de pasos fronterizos, el intercambio de inteligencia y las operaciones de interceptación de flujos financieros ilícitos.
