Donald Trump durante un acto en la Casa Blanca. (Foto: Instagram)
La Corte de Comércio Internacional dos Estados Unidos ha concluido que Donald Trump no contaba con facultades legales para instaurar el reciente “tarifaço” sobre determinados productos importados. Según el fallo, la medida excedía el alcance de las atribuciones presidenciales reconocidas en la normativa de comercio internacional de ese país.
En el origen de este litigio figura la imposición de alzas arancelarias, promovidas por Donald Trump a través de la Sección 232 de la Ley de Expansión de Comercio de 1962, con las que buscaba proteger industrias nacionales como la del acero y el aluminio. Sin embargo, la Corte de Comércio Internacional dos Estados Unidos ha estimado que la Casa Blanca no respetó los límites establecidos por el Congreso.
El tribunal argumenta que la Sección 232 confiere al presidente la potestad de investigar amenazas a la seguridad nacional, pero no le autoriza a aplicar incrementos arbitrarios y generales sin contar con la aprobación expresa de ese órgano legislativo. De acuerdo con la sentencia, la medida adoptada carecía de una base jurídica suficientemente sólida para clasificar la nueva alícuota como esencial para la defensa nacional.
La decisión hace referencia al procedimiento seguido por la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), que fue el ente encargado de formular la propuesta y ejecutar el aumento de los aranceles. Pese a que Donald Trump argumentó la urgencia de la intervención para frenar el presunto “dumping” y el exceso de oferta exterior, la Corte de Comércio Internacional dos Estados Unidos consideró que faltó un estudio detallado y el debate legislativo requerido.
Históricamente, el arancel inicial aplicado en marzo de 2018 supuso un gravamen del 25 % a las importaciones de acero y del 10 % a las de aluminio, medidas que igualmente fueron impugnadas en los tribunales. El “tarifaço” más reciente pretendía elevar aún más esos porcentajes y extenderlos a otros sectores, pero ahora deberá ser revisado o anulado a la espera de un pronunciamiento definitivo.
El fallo de la Corte de Comércio Internacional dos Estados Unidos no solo pone en tela de juicio la estrategia proteccionista desplegada durante la presidencia de Donald Trump, sino que también podría sentar un precedente en la delimitación del poder ejecutivo frente al Legislativo en materia arancelaria. Las empresas afectadas, tanto nacionales como extranjeras, observan con atención este pronunciamiento que influirá en futuros acuerdos de libre comercio.
Fundada en 1926, la Corte de Comércio Internacional dos Estados Unidos es un órgano especializado en disputas aduaneras y arancelarias. Su competencia abarca la revisión de actas de determinación de derechos antidumping, compensatorios y otras medidas de defensa comercial, garantizando así la coherencia del ordenamiento internacional con la legislación vigente en Washington.
