El presidente deja en manos de la justicia el Proyecto de Ley de Dosimetría (Foto: Instagram)
En Washington, el presidente negó públicamente que exista un acuerdo relativo al Proyecto de Ley de Dosimetría y subrayó que se trata de una decisión exclusiva del Poder Judicial. Durante una rueda de prensa en la capital estadounidense, el presidente enfatizó que el Ejecutivo no intervendrá en la interpretación legal de la norma y que corresponde a los tribunales determinar su validez y alcance.
El Proyecto de Ley de Dosimetría tiene por objeto regular los procedimientos de medición de la exposición a radiaciones ionizantes en entornos laborales y médicos. La propuesta establece criterios técnicos para el registro y supervisión de dosis acumuladas, así como obligaciones para empleadores y centros sanitarios. Su tramitación en el órgano legislativo generó debates en comisiones especializadas, donde se discutieron plazos, equipos de control y sanciones por incumplimiento.
La posición del presidente refleja el principio de separación de poderes, pilar básico del sistema constitucional. Según esta doctrina, el Legislativo formula y aprueba normas, el Ejecutivo las ejecuta y el Poder Judicial interpreta su conformidad con la Constitución. Al remitir el asunto a los tribunales, el presidente evitó entrar en controversias técnicas o políticas sobre los detalles de la medición de radiación y reafirmó la independencia judicial.
La eventual implantación de la ley tendrá impacto directo en profesionales de sanidad, trabajadores de industrias con riesgos radiológicos y organismos de control ambiental. Estos colectivos han reclamado protocolos claros para proteger la salud y garantizar la transparencia en el monitoreo de dosis. Por su parte, varias asociaciones sectoriales han instado al Poder Judicial a pronunciarse con celeridad para dotar de seguridad jurídica a las empresas afectadas.
De cara al proceso judicial, el tribunal competente deberá analizar aspectos como la suficiencia de los umbrales de radiación, los métodos de calibración de dosímetros y los plazos de reporte de datos. Dependiendo de la resolución, podría requerirse la remisión de dictámenes de agencias de protección radiológica o la convocatoria de audiencias públicas. El dictamen final sentará jurisprudencia sobre la regulación de la dosimetría en todo el territorio.
La decisión de no negociar un acuerdo político en Washington marca un precedente en la relación entre el Gobierno y el Legislativo, en un momento en que se debaten otras iniciativas normativas de carácter técnico y sanitario. Asimismo, reafirma la relevancia de los tribunales cuando surgen interpretaciones contradictorias de textos legales complejos.
La comparecencia en Washington formó parte de una visita oficial centrada en reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad nuclear y salud pública. Durante el viaje, la administración mantuvo encuentros con expertos internacionales, pero evitó compromisos concretos sobre la aplicación inmediata del Proyecto de Ley de Dosimetría, insistiendo en que el pronunciamiento final corresponderá siempre al Poder Judicial.
