Un tribunal federal de apelaciones de los Estados Unidos ha decidido permitir que el gobierno del Presidente Donald Trump prosiga con la transferencia de 18 mujeres transgénero bajo custodia federal a prisiones masculinas. Según informaciones del portal UOL, el fallo se produjo en el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, órgano que revisa sentencias dictadas por tribunales de distrito en asuntos federales.
El caso se sustenta en una directiva del Departamento Federal de Prisiones (Federal Bureau of Prisons, BOP) emitida tras un decreto presidencial adoptado durante la actual administración de Trump. Dicho decreto revirtió una política previa que permitía a las personas detenidas solicitar alojamiento en prisiones de acuerdo con su identidad de género. La orden de la actual Casa Blanca exigía que la BOP basara las decisiones de ubicación en criterios “objetivos y verificables”, tales como la anatomía, la duración del proceso de reasignación de género o el tratamiento médico que recibiera el recluso.
Anteriormente, el juez federal Royce Lamberth, del Tribunal de Distrito de Columbia, había suspendido temporalmente estas transferencias. Su decisión se apoyó en el argumento de que mantener a mujeres trans en instalaciones masculinas podría violar sus derechos constitucionales y exponerlas a un riesgo elevado de violencia, abuso o agresiones sexuales. Lamberth consideró que el Departamento Federal de Prisiones no había demostrado con pruebas suficientes que las mujeres involucradas no corrían un peligro inminente en esas prisiones.
Sin embargo, tras la apelación presentada por el Gobierno, un panel de tres jueces del Circuito del Distrito de Columbia estimó que el magistrado de instancia no había detallado de manera adecuada cómo cada una de las 18 solicitantes se encontraría particularmente vulnerable. Por ello, la corte de apelaciones concluyó que el juez de primera instancia debía reconsiderar el caso “con fundamento en análisis más precisos y eventualmente nuevos hallazgos de hecho”.
En su opinión concurrente, la jueza Cornelia Pillard, designada por el Presidente Barack Obama, señaló que el tribunal inferior aún podrá evaluar “si las autoras de la acción pueden tener derecho a medidas de alivio basadas en fundamentos que pueden apoyarse en nuevos hechos y en análisis más exhaustivos”. El juez Sri Srinivasan, también nombrado por la gestión de Obama, secundó este razonamiento y subrayó la importancia de examinar individualmente cada solicitud, conforme a estándares legales sobre tutela provisional y riesgo irreparable.
Por su parte, el juez A. Raymond Randolph, nominado en su momento por el Presidente George H. W. Bush, se mostró en disconformidad. En su opinión disidente, estimó que las reclusas debieron agotar primero los recursos administrativos previstos por el Departamento Federal de Prisiones antes de interponer una demanda en los tribunales federales. Randolph consideró que el procedimiento interno de quejas ofrecía mecanismos adecuados para revisar estas cuestiones de clasificación y seguridad.
Contexto y explicaciones adicionales:
El Departamento Federal de Prisiones clasifica a las personas internas en función de varios factores, como el tipo de delito, el historial criminal, el comportamiento en prisión y las necesidades médicas o de seguridad. Desde 2012, la Administración Obama había autorizado a las personas trans a residir en centros penitenciarios acordes con su identidad de género, salvo que existieran riesgos específicos. El cambio de Trump buscó implantar un sistema más rígido, alegando que se protegía así la seguridad general de la población reclusa y del personal penitenciario.
La normativa que regula estas materias también se relaciona con la Prison Rape Elimination Act (PREA), ley federal destinada a prevenir agresiones sexuales en cárceles y prisiones. Los tribunales, al evaluar medidas cautelares o interlocutorias, consideran si se cumplen los requisitos de probabilidad de éxito en el fondo y de riesgo de daño irreparable. En este caso, los jueces de apelaciones estimaron que la parte demandante había planteado cuestiones legítimas que merecen un análisis detallado.
El Circuito del Distrito de Columbia es conocido por revisar con especial atención asuntos de importancia nacional, dada su jurisdicción sobre muchos de los principales organismos federales. Al devolver el caso al tribunal de primera instancia, la corte de apelaciones ha dejado abierta la posibilidad de que, tras un examen más pormenorizado, se restablezca o se modifique la orden de suspensión de transferencias.
