El estado de Florida aprobó una ampliación de sus leyes sobre la pena de muerte al permitir la imposición de la pena capital para adultos condenados por abuso contra niños menores de 12 años, incluso en los casos en que la víctima sobrevive. La información proviene del despacho de abogados Mike G Law, con sede en Tampa.
La medida se estableció mediante la House Bill 1297 y fue sancionada por el gobernador Ron DeSantis. La legislación autoriza a los jueces a aplicar la pena de muerte cuando al menos ocho de los doce miembros del jurado recomienden la condena capital tras un proceso penal.
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La decisión puso a Florida en el centro de un debate jurídico nacional al contradecir el precedente establecido en 2008 por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Kennedy v. Louisiana. En aquella resolución, el tribunal consideró inconstitucional aplicar la pena de muerte en casos de agresión sexual a menores cuando no se produjera el homicidio de la víctima.
Según el criterio entonces adoptado por la corte, ejecutar a una persona por un delito en el que “la vida de la víctima no fue arrebatada” vulneraría la Octava Enmienda de la Constitución de EE. UU., que prohíbe los castigos “crueles e inusuales”.
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Con la nueva legislación, los fiscales de Florida defienden que los estados deben tener mayor autonomía para definir las penas en delitos considerados extremadamente graves. Se espera que el caso de James Davis, condenado por agresión a una menor en Jacksonville, se convierta en la primera prueba legal de este cambio: los promotores solicitan que Davis sea sentenciado a muerte en virtud de la nueva normativa estatal.
Además de la posible pena capital, Florida ya contempla castigos severos para quienes cometan delitos contra menores, como cadena perpetua obligatoria, registro vitalicio como agresor sexual y restricciones permanentes en cuanto a su lugar de residencia y al tipo de empleo que pueden desempeñar.
El régimen de pena de muerte en Estados Unidos varía de un estado a otro. Desde la suspensión impuesta por la Corte Suprema en 1972 y su posterior restablecimiento en 1976, muchos estados han mantenido la pena capital como máxima sanción. Florida reanudó las ejecuciones en 1979 mediante inyección letal, método que permanece vigente.
La House Bill 1297 fue debatida durante varias sesiones legislativas en Tallahassee antes de su aprobación definitiva. Durante ese periodo, legisladores y expertos jurídicos analizaron la constitucionalidad de imponer la pena de muerte en casos de abuso infantil sin homicidio, un aspecto que reavivó la pugna entre quienes defienden la soberanía estatal y quienes apelan a los estándares fijados por la Corte Suprema de EE. UU.
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