La absolución de Daniel Alves por los tribunales españoles ha desatado una crisis en el Gobierno del país, lo que ha llevado a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a pedir disculpas públicamente. Durante un acto en Sevilla, Montero dijo que sus declaraciones sobre el caso habían sido malinterpretadas y retiró sus palabras, reconociendo que podían ser vistas como una afrenta al principio de presunción de inocencia. Las repercusiones negativas incluyeron críticas de asociaciones de jueces, fiscales y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La vicepresidenta explicó que su intención no era cuestionar las garantías jurídicas, sino alertar sobre los retos a los que se enfrentan las víctimas en los procesos judiciales. Según Montero, es posible defender simultáneamente la presunción de inocencia y la credibilidad de los testimonios de las mujeres que denuncian agresiones. Para ella, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña supone un riesgo de retroceso en los derechos de las mujeres.
Montero subrayó que respeta las decisiones judiciales, pero considera legítimo analizar críticamente las sentencias, especialmente en casos de gran repercusión social. Subrayó que Daniel Alves ya había sido condenado en un tribunal anterior y que el debate no debe ignorar el contexto del juicio. Para la vicepresidenta, es fundamental que la sociedad siga apoyando a las víctimas de la violencia para evitar que se pongan en peligro los avances en la protección de sus derechos.
++ Una madre de 30 años y su hija de 13 confunden internet: «¿Quién es quién?»
Al término de su intervención, Montero reconoció que su elección de palabras no fue la más adecuada, pero reafirmó su compromiso de fomentar la denuncia de la violencia contra las mujeres. Defendió el fortalecimiento de las instituciones que apoyan a las víctimas y subrayó la importancia de garantizar un entorno seguro para que las denuncias puedan realizarse sin miedo a ser deslegitimadas.
