Delcy Rodríguez, presidenta en funciones de Venezuela, durante un acto oficial junto a la bandera nacional. (Foto: Instagram)
La actual presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Nicolas Maduro, estaba sujeta a sanciones económicas impuestas por Estados Unidos desde 2018. Estas medidas formaban parte de un paquete de restricciones decididas por el Departamento del Tesoro estadounidense, cuyo objetivo era presionar al círculo más cercano al Gobierno de Maduro, al que Delcy Rodríguez ha pertenecido desde finales de 2017.
En marzo de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Delcy Rodríguez en su lista de nacionales especialmente designados. A partir de ese momento, todos sus activos en jurisdicción estadounidense quedaron congelados y se prohibió a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones financieras con ella. La decisión se adoptó en el contexto de las elecciones presidenciales venezolanas de ese año, cuestionadas por la oposición y parte de la comunidad internacional.
La sanción contra Delcy Rodríguez siguió a una serie de medidas similares aplicadas por Estados Unidos a otros altos cargos del Ejecutivo venezolano. El argumento oficial del Gobierno de Estados Unidos señalaba la supuesta responsabilidad de estos funcionarios en la supresión de derechos políticos, la alteración del orden constitucional y la violación de libertades fundamentales en Venezuela. Tras su designación como presidenta en funciones, las limitaciones derivadas de esas sanciones afectan tanto su capacidad para adquirir bienes en dólares como su libertad de movimiento internacional.
Antes de asumir la vicepresidencia con Nicolas Maduro, Delcy Rodríguez ocupó cargos de relevancia: fue diputada en la Asamblea Nacional Constituyente, ministra de Relaciones Exteriores y embajadora ante Naciones Unidas. Su carrera política está estrechamente ligada al chavismo iniciador de Hugo Chávez y consolidado durante los mandatos de Maduro. Su nombramiento como responsable del Ejecutivo interino refuerza la continuidad del modelo político vigente en Venezuela desde 1999.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos forman parte de un entramado más amplio de restricciones que incluyen embargos petroleros, prohibiciones de emisión de deuda y vetos comerciales. Para el Estado venezolano y sus principales dirigentes, como Delcy Rodríguez y Nicolas Maduro, estos bloqueos han supuesto serias dificultades para discurrir operaciones bancarias, atraer inversiones y mantener liquidez internacional. Además del impacto económico, las sanciones buscan aislar políticamente a los líderes sancionados.
Desde 2018 hasta la fecha, Delcy Rodríguez ha mantenido un papel central en la diplomacia y la política interna de Venezuela. Incluso tras convertirse en presidenta en funciones, ha denunciado de manera recurrente “el carácter coercitivo y extraterritorial” de las sanciones de Estados Unidos. Al mismo tiempo, ha liderado negociaciones y diálogos con aliados estratégicos como Rusia, China e Irán para sortear los efectos del embargo y garantizar el abastecimiento de bienes básicos.
El caso de Delcy Rodríguez ejemplifica la estrategia de Estados Unidos para presionar a la cúpula del chavismo con el fin de —según Washington— restaurar la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. La continuidad de estas sanciones condiciona el ejercicio de poder de la presidenta en funciones y marca un escenario de tensión permanente en las relaciones bilaterales entre Caracas y Estados Unidos.
