Una mano alzada con los colores del arcoíris alza la voz contra la criminalización de la diversidad sexual. (Foto: Instagram)
Las organizaciones de derechos humanos han alzado la voz para denunciar la penalización de quienes “promuevan” o financien actos entre personas del mismo sexo. Según denuncian, esta medida vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a la no discriminación. Las organizaciones de derechos humanos insisten en que estas restricciones no solo estigmatizan a la comunidad LGTBI, sino que también apuntan contra todo individuo, entidad u organización que defienda la igualdad y la diversidad sexual.
Este tipo de penalización suele concretarse en la modificación de códigos penales o en la aprobación de leyes específicas que describen “la promoción” o el “financiamiento” de actos homosexuales como conductas punibles. Aunque la redacción varía según el país, en todos los casos se articula alrededor de términos amplios que abarcan desde la organización de eventos culturales y educativos hasta el respaldo económico de proyectos de sensibilización. Las organizaciones de derechos humanos advierten que esta vaguedad facilita la persecución de activistas, académicos, periodistas y asociaciones sin ánimo de lucro, así como de cualquier persona que ofrezca apoyo a las personas LGTBI.
Históricamente, la penalización de la homosexualidad se ha basado en leyes inspiradas en códigos coloniales, en normas religiosas o en regímenes autoritarios. A lo largo de las últimas décadas, muchas jurisdicciones han ido derogando esos tipos penales y adoptando regulaciones inclusivas. No obstante, el resurgimiento de estas sanciones en algunos países marca un giro preocupante. Las organizaciones de derechos humanos subrayan que estas regresiones suponen un obstáculo para los avances logrados en materia de derechos civiles y reflejan el auge de discursos de odio y de grupos ultraconservadores que promueven la intolerancia.
A nivel internacional, diversos tratados y declaraciones, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen la obligación de eliminar toda forma de discriminación por orientación sexual. Las organizaciones de derechos humanos citan también principios reconocidos por comités de la ONU y por organismos regionales como el Consejo de Europa, que han instado a los Estados a despenalizar plenamente la homosexualidad y a garantizar que nadie sea castigado por apoyar la diversidad sexual.
Las consecuencias prácticas de estas penalizaciones pueden ser muy graves. Quienes sean considerados culpables de “promover” o “financiar” actos entre personas del mismo sexo se enfrentan a multas elevadas, inhabilitaciones profesionales o incluso penas de prisión. Estas sanciones tienen un efecto disuasorio que va más allá de sus víctimas directas y crea un clima de silencio y miedo en toda la sociedad civil. Las organizaciones de derechos humanos alertan de que estos mecanismos sirven para desmontar el trabajo de promoción de la igualdad y de prevención de la violencia contra la comunidad LGTBI.
Para contrarrestar estas medidas, las organizaciones de derechos humanos hacen un llamamiento a la comunidad internacional, a los parlamentos y a los tribunales nacionales. Reclaman la revisión inmediata de las leyes que penalizan el “apoyo” a la diversidad sexual y piden la adopción de planes de educación y sensibilización. Asimismo, insisten en la necesidad de proteger a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas que puedan sufrir represalias por informar o actuar en favor de los derechos de las personas del mismo sexo.
