Andreza de Souza Gomes Silva, de 30 años, fue asesinada a tiros dentro de su domicilio en el barrio Calafate, en la región Oeste de Belo Horizonte. El principal sospechoso es su cónyuge, Helbert de Souza Gomes Silva, de 31 años, quien fue detenido en flagrante por agentes de la Policía Militar de Minas Gerais.
Según el informe oficial de la institución, Andreza recibió cuatro impactos de bala. Inmediatamente después de los disparos, vecinos alertaron a la unidad policial y la víctima fue socorrida en estado grave. Fue trasladada al Hospital João XXIII, uno de los principales centros de urgencias de la ciudad, pero finalmente no resistió las heridas y falleció pocas horas después de su ingreso.
Durante los primeros interrogatorios, Helbert intentó desviar la atención de los investigadores asegurando que un expareja de Andreza habría irrumpido en la vivienda y efectuado los disparos. No obstante, al ser sometido a contrainterrogatorio y confrontado con las pruebas recolectadas en la escena del crimen, el hombre acabó por confesar la autoría del homicidio.
En su declaración, reconoció que mantenía una relación sentimental de aproximadamente cinco años con Andreza y admitió que albergaba sospechas de infidelidad. Afirmó que llegó a creer que su esposa estaba con otro hombre dentro de la casa, motivo por el cual se apoderó de un arma de fuego y efectuó varios disparos contra ella.
La pistola empleada en el suceso, una 9 mm de fabricación turca con la numeración primaria limada, fue localizada oculta en el domicilio tras un registro ordenado por la autoridad judicial. Este tipo de alteración en el arma constituye un delito adicional, ya que impide el rastreo de procedencia y puede agravar la responsabilidad penal del poseedor.
De acuerdo con la base de datos de la Policía Militar, Helbert acumula antecedentes criminales por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego, tentativa de homicidio, robo, violencia doméstica y tortura. Incluso se registran intervenciones anteriores en las que la propia Andreza compareció como víctima, lo que sugiere un historial de agresiones previas en el ámbito de la convivencia familiar.
El caso fue remitido a la Policía Civil de Minas Gerais, que asumirá las diligencias formales de investigación. La delegación especializada en homicidios e investigaciones de violencia de género está encargada de recabar testimonios, peritajes de balística y demás evidencias que permitan formular la acusación penal pertinente. Una vez cerrada esa fase, el expediente será enviado al Ministerio Público, encargado de presentar la denuncia ante el poder judicial.
En Brasil, los feminicidios están tipificados desde 2015 en el Código Penal, a raíz de la sanción de la llamada “Ley del Feminicidio”. Esta norma reconoce como agravante el homicidio cometido contra mujeres por razones de género y establece penas que oscilan entre 12 y 30 años de prisión. A pesar de ello, las estadísticas oficiales continúan mostrando cifras elevadas de casos cada año, lo que ha llevado a diversas organizaciones de la sociedad civil a demandar acciones más enérgicas de prevención y protección a potenciales víctimas.
La gravedad de este nuevo episodio en Belo Horizonte vuelve a poner de relieve los retos que enfrenta Brasil en la erradicación de la violencia machista. Analistas señalan que resulta imprescindible reforzar las redes de apoyo a mujeres en situación de riesgo, garantizar el acceso efectivo a las medidas de protección y mejorar la coordinación entre las autoridades policiales, judiciais y los servicios sociales.
El suceso en el Calafate se suma a una alarmante sucesión de crímenes por razones de género en el país, que abarca desde agresiones físicas y psicológicas hasta homicidios de gran brutalidad. Organismos internacionales y organismos brasileños insisten en la necesidad de campañas educativas, de sensibilización y de una mayor inversión en políticas públicas que combatan la cultura de la violencia y promuevan la igualdad real entre hombres y mujeres.
