La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Crimen Organizado ha convocado a la influencer y modelo Martha Graeff para que declare como testigo. La comparecencia se ha programado para el próximo miércoles 25 en Brasilia, dentro de la investigación sobre el presunto esquema de corrupción vinculado al Banco Master. Según el requerimiento aprobado, Graeff figura como interlocutora habitual de Daniel Vorcaro, empresario bajo sospecha.
La convocatoria de la comparecencia fue respaldada por el colectivo de senadores el pasado día 18. En el sistema brasileño, una CPI goza de facultades semejantes a las de un tribunal, con poderes de citación y requerimiento de datos. Normalmente, al estar formalmente citada, la persona debe acudir; sin embargo, una directriz del Supremo Tribunal Federal (STF) puede flexibilizar la obligatoriedad en determinados escenarios.
El documento oficial que sustenta la citación recoge información publicada por el portal G1, que señala que Martha Graeff habría recibido mensajes privados de Vorcaro entre los años 2024 y 2025. Dichos registros, a juicio del relator, no constan en agendas oficiales ni en cronogramas públicos, sino que reflejarían comunicaciones de carácter reservado que podrían aportar elementos relevantes al esclarecimiento de los hechos.
El senador Alessandro Vieira, responsable de presentar el requerimiento, sostiene que Vorcaro empleaba a Graeff como receptora de relatos sobre encuentros, viajes y contactos con altas autoridades de los tres poderes. “Martha no era una oyente pasiva”, subraya Vieira. “Fue la destinataria elegida para conversaciones que el investigado concebía como naturales dentro de su proyecto de influencia institucional”.
Además, entre las conversaciones mencionadas figuran alusiones a personas identificadas únicamente como Hugo, Ciro y Alexandre, nombres que el relator considera podrían corresponder a encuentros con representantes del Congreso y del Poder Judicial. La naturaleza confidencial de tales diálogos es un punto central en la línea de investigación de la CPI.
Otro aspecto destacado en el requerimiento involucra a un grupo descrito como “A Turma”, al que se le atribuye haber recibido instrucciones directas de Vorcaro para llevar a cabo actos de intimidación contra competidores, exfuncionarios y periodistas. Estos indicios apuntarían a la existencia de una estructura organizada para presionar a distintos sectores.
La comparecencia de Martha Graeff como testigo permite a los legisladores formular preguntas bajo juramento y solicitar documentación complementaria. El incumplimiento de la cita podría acarrear sanciones legislativas, incluidas multas diarias y, en última instancia, incluso la posibilidad de una detención simbólica para asegurar el respeto al proceso.
Las comisiones parlamentarias de investigación, reguladas en el artículo 58 de la Constitución Federal y en la Ley 1.579 de 1952, son mecanismos clave en Brasil para investigar asuntos de interés público. A menudo, sus diligencias incluyen oficios policiales, citaciones de testigos, peritajes técnicos y el análisis de movimientos financieros, con el fin de formular recomendaciones o propuestas de reformas legales.
El Banco Master, objeto central de esta CPI, es una institución financiera que figuró en denuncias de presunto uso indebido de recursos, lavado de dinero y nexos con operadores externos. La citación de testigos y la recopilación de pruebas buscan trazar el destino de transferencias y definir responsabilidades, tanto a nivel administrativo como penal.
La figura de Martha Graeff, de trayectoria en el ámbito de las redes sociales, se cruza ahora con la investigación de alcance institucional. Su declaración podría contribuir a esclarecer los vínculos entre empresarios, autoridades y posibles maniobras de presión que la comisión pretende desvelar por completo.
