Una cuenta bancaria del empresario Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, registró movimientos por un total de aproximadamente 3,47 millones de euros entre los años 2022 y 2025. Los datos surgen de la investigación que incluyó la quiebra de su secreto bancario y que fue divulgada por la periodista Andreza Matais, del portal Metrópoles.
La cuenta objeto de análisis está asociada a la persona física de Lulinha y opera en una oficina del segmento “Estilo” del Banco do Brasil, ubicada en São Paulo. Según informan los investigadores, las cifras forman parte de un conjunto mayor de informaciones financieras que aún debe ser examinado, puesto que incluye otras cuentas personales y sociedades vinculadas al empresario.
De los 3,47 millones de euros que circulan en este período, cerca de 1,74 millones de euros corresponden a créditos ingresados en la cuenta. El resto corresponde a pagos y transferencias efectuados hacia otras cuentas. El año con mayor volumen fue 2024, con alrededor de 1,30 millones de euros en transacciones. En 2025, las operaciones disminuyeron hasta situarse en 0,59 millones de euros. Durante los primeros meses de 2026, hasta el 30 de enero, los movimientos alcanzaron un total aproximado de 36 982 euros.
La primera aproximación de los peritos financieros indica que el patrón de las transacciones coincide con las características propias de una cuenta destinada a inversiones. La mayor parte de los recursos que ingresan proviene tanto de rendimientos financieros como de transferencias originadas en las propias compañías de Lulinha y de terceros vinculados. Entre las fuentes más destacadas figuran la empresa LLF Tech Participações, responsable de unas trasferencias por valor de aproximadamente 0,43 millones de euros, y G4 Entretenimento e Tecnologia, que aportó alrededor de 139 000 euros durante el periodo analizado.
El empresario está siendo investigado en un proceso que examina posibles vínculos con Antônio Carlos Camilo Antunes, apodado “Careca do INSS”, presunto operador de un esquema de descuentos irregulares en aposentadorias conocido como “Farra do INSS”. Esta Comisión Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) del Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fue instaurada para investigar denuncias de fraude y corrupción dentro del sistema de pensiones brasileño.
La CPMI del INSS tiene facultad para solicitar la quebra de sigilo bancario y fiscal de particulares y empresas, siempre que exista fundamentación legal y justificación de posible malversación. En este caso, la autorización de la quiebra de secreto fue otorgada por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, tras un requerimiento de la Policía Federal presentado en el marco de un inquérito que aún se encuentra bajo secreto de Justicia.
En los últimos días, la defensa de Lulinha negó cualquier implicación de su cliente en la supuesta trama y adelantó que presentará aclaraciones ante el Supremo Tribunal Federal. Fuentes del entorno legal del empresario aseguran que la estrategia consistirá en demostrar el origen legítimo de los recursos y desmentir vínculos con prácticas delictivas.
Antecedentes como la aparición del nombre de Lulinha en otras investigaciones de carácter financiero o sobre posibles sociedades ocultas con terceros investigados han cobrado relevancia en las últimas semanas. Sin embargo, aún faltan datos claves que permitan confirmar o descartar una participación directa en el presunto esquema de fraudes. Mientras tanto, el proceso sigue su curso y permanecerá bajo sigilo judicial, con audiencias que se desarrollarán en las próximas semanas y meses.
