Relatos históricos de violaciones de derechos humanos en Irán volvieron al centro del debate tras la repercusión internacional de la muerte de Ali Khamenei. Entre las denuncias registradas a lo largo de las últimas décadas figuran testimonios de ex prisioneras políticas que afirmaron haber sufrido violencia en penales iraníes antes de ser ejecutadas.
Organizaciones como Justice for Iran y grupos de seguimiento de derechos humanos documentaron declaraciones de mujeres que relataron abusos y la imposición de los llamados “matrimonios temporales” a reclusas condenadas a muerte en la década de 1980. Según esos relatos, esa práctica estaría vinculada a una interpretación religiosa según la cual no se podía ejecutar a mujeres vírgenes. Estas acusaciones aparecen recogidas en investigaciones independientes y en reportes de distintas entidades de derechos humanos.
Además de esas denuncias, informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y misiones de la Organización de las Naciones Unidas señalan un historial de represión política, uso de tortura, ejecuciones frecuentes y restricciones severas a las libertades civiles en el país. Esas organizaciones también registraron persecución de opositores, represión violenta de manifestaciones y discriminación contra mujeres y personas LGTBIQ+.
El caso de Mahsa Amini, fallecida bajo custodia de la llamada policía de la moral en 2022, ha sido citado por organismos internacionales como ejemplo de violencia estatal contra las mujeres. Su muerte desató manifestaciones en diversas ciudades iraníes y puso de relieve el escrutinio global sobre las prácticas de seguridad y justicia del régimen.
En el ámbito internacional, el gobierno iraní también ha sido criticado por apoyos militares a aliados estratégicos, incluido el supuesto suministro de drones a Rusia durante la guerra en Ucrania, según varias fuentes occidentales.
Irán cuenta con un sistema judicial marcado por la coexistencia de tribunales civiles y tribunales revolucionarios, estos últimos establecidos tras la Revolución Islámica de 1979 para procesar delitos considerados contrarios a la seguridad del régimen. El Código Penal iraní de 2013 incorpora preceptos de la ley islámica (sharía), incluidas las penas de ḥudūd (castigos fijos) y qisas (ley del talión), lo que determina procedimientos y sanciones específicas para distintos tipos de delitos.
En ese marco, la práctica conocida como nikāḥ mutʿah o matrimonio temporal figura en ciertas interpretaciones del derecho islámico chií y se caracteriza por la celebración de un contrato de duración limitada con estipulación de una dote. Aunque no aparece de forma explícita en el Código Penal, testimonios recabados por activistas señalan que se habría utilizado como mecanismo para declarar ilegítimos los casos de mujeres vírgenes antes de su ejecución, evitando así la aplicación directa de la pena capital en contra de la restricción sobre vírgenes.
El Código Penal iraní establece una edad mínima de responsabilidad penal muy baja: nueve años para las niñas y quince para los niños, conforme al calendario islámico. Esta disposición ha sido duramente criticada por la comunidad internacional al considerarse incompatible con los estándares de protección de la infancia y los derechos humanos universales.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y varios Relatores Especiales han denunciado de manera periódica la falta de garantías procesales, las torturas y las ejecuciones sumarias en Irán. En informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos, se documentan centenares de casos en los que las sentencias de muerte se dictaron tras juicios sumarios, sin acceso adecuado a la defensa legal y sin observancia de los principios de un juicio justo.
El Líder Supremo de Irán, cargo que ocupa Ali Khamenei desde 1989, ejerce una influencia directa sobre el poder judicial y las fuerzas de seguridad, incluidos los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Esta concentración de autoridad ha dificultado la supervisión independiente de las actuaciones del Estado en materia de derechos humanos y ha reforzado la impunidad en casos de abuso de poder.
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