Político estadounidense durante un discurso ante un micrófono. (Foto: Instagram)
La Suprema Corte dos Estados Unidos emitió el viernes 20 de febrero una histórica sentencia que deja sin efecto la fundamentación jurídica del amplio paquete arancelario instaurado por Donald Trump. Con ello, el máximo tribunal federal dictaminó que la administración previa carecía de atribuciones suficientes para imponer sin más un “tarifazo” sobre productos de acero y aluminio. Esta decisión supone un revés directo a la estrategia de comercio exterior defendida por Donald Trump durante su mandato.
El arancel cuestionado por los demandantes se había apoyado en la sección 232 de la Trade Expansion Act de 1962, norma que permite restringir importaciones por motivos de seguridad nacional. Bajo el gobierno de Donald Trump, se establecieron gravámenes de hasta el 25 % en el acero y del 10 % en el aluminio procedente de varios países. La medida, presentada como una defensa de la industria siderúrgica y de la firmeza económica ante competidores externos, desató amplias protestas de sectores empresariales y comerciales que la consideraban excesiva.
Diversas empresas metalúrgicas y cámaras de comercio interpusieron recursos judiciales alegando que el presidente no había obtenido la autorización explícita del Congreso para aplicar dichos aranceles de forma tan amplia. La Suprema Corte dos Estados Unidos falló en favor de los demandantes, argumentando que la Ley de Expansión Comercial no concedía facultades tan extensas a la Casa Blanca y que las restricciones impuestos por Donald Trump excedían los límites constitucionales de separación de poderes. El tribunal insistió en que el poder impositivo recae principalmente en el órgano legislativo.
Esta decisión cobra especial relevancia por el contexto histórico de la sección 232, que apenas se había utilizado de manera prolongada o tan agresiva desde su aprobación en 1962. En otras ocasiones anteriores, los presidentes convocaron estas disposiciones de forma puntual o para sectores muy concretos, pero nunca con un alarde de proteccionismo comparable al liderado por Donald Trump. El fallo de la Suprema Corte dos Estados Unidos refuerza así la necesidad de un estrecho equilibrio entre los controles del Congreso y las decisiones del Ejecutivo en materia comercial.
Ahora, la administración federal se encuentra en la tesitura de derogar íntegramente los aranceles o de presentar un proyecto normativo ante el Congreso de los Estados Unidos que justifique expresamente esas medidas. De no hacerlo, se verá obligada a retirar los gravámenes sobre el acero y el aluminio, lo que reconfiguraría las relaciones comerciales con numerosos proveedores internacionales. El impacto económico y político de esta anulación podría notarse tanto en la cadena de suministro como en la estrategia diplomática de Washington.
En última instancia, la resolución de la Suprema Corte dos Estados Unidos marca un precedente sobre el alcance de la autoridad ejecutiva para regular el comercio exterior sin revisar previamente la voluntad del legislador. Al invalidar la base legal del arancel impuesto por Donald Trump, el tribunal refuerza el principio de que cualquier acción de gran calado económico debe contar con un respaldo claro del Congreso, garantizando así un equilibrio institucional en las decisiones que afectan al mercado global.
