Portavoz oficial junto a la bandera de Venezuela anuncia medidas (Foto: Instagram)
Rafael Tudores fue detenido en enero de 2025 cuando, según informaron fuentes locales, se dirigía con sus hijos pequeños al colegio en Caracas. La detención se produjo de manera inmediata y bajo la acusación de cometer delitos de naturaleza política, lo que levantó críticas entre grupos de derechos humanos que señalan la falta de transparencia en los procesos de este tipo en Venezuela.
El arresto de Rafael Tudores se enmarca en una serie de actuaciones por parte de las autoridades venezolanas contra ciudadanos señalados de oponerse al Gobierno. En el momento de la detención, los menores acompañaban a Tudores en su vehículo particular, circunstancia que, según testigos, generó gran conmoción en el barrio debido a la presencia de agentes uniformados y sin uniforme que rodearon el automóvil.
En el ordenamiento jurídico venezolano, los denominados “delitos políticos” abarcan diversas conductas que, según la legislación vigente, atentan contra la seguridad del Estado o promueven la desestabilización del poder público. Organizaciones locales e internacionales suelen denunciar la amplitud de estas categorías y el uso político que, aseguran, se les da para silenciar la disidencia y castigar la participación ciudadana en manifestaciones pacíficas.
La defensa de Rafael Tudores, conformada por abogados especializados en casos de derechos humanos, ha solicitado información detallada sobre los cargos exactos y el lugar de reclusión. Hasta el momento, no se ha confirmado si Tudores ha podido presentar pruebas de descargo ni si ha contado con acceso pleno a su equipo legal. Los mecanismos de debido proceso son, según expertos, uno de los puntos más cuestionados en los procedimientos contra acusados de este tipo de presuntos ilícitos.
Esta detención se suma a un historial de arrestos registrados en Caracas durante los últimos años, en los que familiares de los detenidos han reportado demoras en las notificaciones judiciales y restricciones para la visita. El contexto político venezolano, marcado por tensiones entre el Ejecutivo y la oposición, ha derivado en episodios similares donde el señalamiento de “delitos políticos” se usa como argumento principal para mantener víctimas en detención preventiva.
Por su parte, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han exigido a las autoridades venezolanas garantizar un juicio justo y la protección de los derechos de Rafael Tudores y sus hijos. Se ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que haga seguimiento de este caso y vele por el respeto a las normas consagradas en tratados suscritos por Venezuela, especialmente en lo relativo a la protección de la integridad familiar y el derecho a la defensa.
