Banderas de Mercosur y UE ondean mientras se retrasa la ratificación del tratado (Foto: Instagram)
Una reciente medida administrativa implicará un retraso en la entrada en vigor del tratado y desanima las expectativas de los países que venían mostrando su respaldo. Brasil confía en acelerar su aprobación legislativa y lograr que el acuerdo comience a aplicarse en el menor plazo posible.
En el ámbito del derecho internacional, la entrada en vigor de un tratado requiere normalmente el cumplimiento de varios pasos formales. Tras su firma por las partes, suele exigirse la ratificación o aprobación definitiva conforme a las normas constitucionales de cada Estado. Sin estos procedimientos completos, el texto pactado permanece en suspenso y no produce efectos vinculantes para los gobiernos firmantes ni para sus ciudadanos.
El retraso en cuestión afecta precisamente a esta fase final de ratificación. En el caso de Brasil, el tratado debe pasar por los órganos competentes del Congreso, donde suele debatirse el contenido, sus implicaciones y el alineamiento con la legislación nacional. En ocasiones, las comisiones parlamentarias solicitan informes técnicos, audiencias públicas o enmiendas puntuales, lo que puede prolongar aún más los plazos originalmente previstos.
La postergación ha frustrado a varias naciones e instituciones que esperaban la rápida implementación de los beneficios previstos en el texto. Estas partes favorables calculaban que, tras la firma inicial, bastarían pocas semanas para que los instrumentos internacionales entraran en vigor. Sin embargo, la nueva decisión administrativa contradice esa previsión y obliga a revisar los calendarios de aplicación, logística y eventuales sinergias económicas o sociales.
Ante este contexto, Brasil apuesta por una tramitación expedita en el Congreso. El Gobierno ha señalado su intención de priorizar el tratamiento del convenio en las comisiones correspondientes y de agilizar los dictámenes, de modo que el pleno pueda votar cuanto antes. Asimismo, se prevé la coordinación con los grupos parlamentarios para garantizar que la discusión se centre en el fondo del acuerdo y no quede atascada por cuestiones de procedimiento.
En términos más amplios, el aplazamiento de la entrada en vigor de este tratado ejemplifica los desafíos habituales en la diplomacia multilateral. Aunque los gobiernos suelen firmar los textos con gran urgencia para cerrar negociaciones, la fase interna de aprobación puede resultar impredecible. El próximo hito será la convocatoria formal de las sesiones parlamentarias dedicadas al análisis de este convenio, cuya fecha dependerá ahora del calendario legislativo que establezca el Congreso.
