En Kunitachi, en la región de Tokio, una mujer de 71 años, Yoko Komine, fue condenada tras estrangular y apuñalar a su madre, Fuku Komine, de 102 años, el 22 de julio de 2024. Durante más de una década, Yoko asumió en solitario todos los cuidados de su progenitora, que padecía demencia avanzada y gran fragilidad física, sin recibir apoyo familiar ni estatal. La tensión acumulada y el agotamiento emocional la llevaron a confesar el crimen a los servicios de emergencia, que al llegar hallaron a la anciana muerta en la cama con claras señales de violencia.
El caso, que ganó repercusión internacional tras el juicio en 2025, puso de relieve la grave crisis del cuidado de personas mayores en Japón, uno de los países con la población más envejecida del mundo. En su sentencia, el Tribunal Regional de Tachikawa reconoció el “esfuerzo extremo y la soledad” de la acusada como atenuante y la condenó a tres años de prisión, pena que quedó suspendida durante cinco años. Los jueces apelaron a la compasión, destacando que el delito surgió de un desgaste físico y psicológico extremo provocado por la falta de recursos y redes de apoyo para los cuidadores informales.
Esta resolución reavivó el debate sobre la necesidad de reforzar los servicios sociales y sanitarios en Japón para atender a sus mayores y proteger a quienes, sin capacitación ni respaldo, asumen la carga del cuidado diario en un contexto de escasez de personal especializado y de una creciente soledad entre la población anciana.
