La posibilidad de que el presidente venezolano Nicolás Maduro colabore con la Justicia mediante una delación premiada ha vuelto a ser objeto de debate tras las recientes declaraciones de Hugo Armando Carvajal Barrios, exjefe de inteligencia militar bajo Hugo Chávez y Maduro. Carvajal, actualmente detenido en Estados Unidos por narcotráfico y narcoterrorismo, asegura poseer documentos y testimonios que revelarían operaciones de financiación política irregular del régimen chavista, incluyendo el uso de recursos de la petrolera estatal PDVSA y redes vinculadas al “Cartel de los Soles”.
Entre los nombres supuestamente involucrados, Carvajal mencionó al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, sin aportar por ahora pruebas formales. Aunque estas acusaciones se han registrado en tribunales españoles y estadounidenses, hasta la fecha no existen investigaciones abiertas en Brasil ni confirmación oficial sobre la autenticidad de los documentos.
Analistas apuntan que, de concretarse un acuerdo entre Maduro y las autoridades de EE. UU. o España, podría reavivar indagaciones sobre redes de financiamiento transnacional. Sin embargo, expertos en derecho internacional subrayan que para implicar legalmente a cualquier dirigente se requieren pruebas sólidas y procesos judiciales formales. Por su parte, el Gobierno de Lula niega categóricamente cualquier irregularidad en el financiamiento de sus campañas.
