El rostro de Epstein persiste, mientras Estados Unidos enfrenta una cuenta pendiente con la transparencia. (Foto: Instagram)
El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene hasta el viernes 19 de diciembre para publicar la mayoría de los documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, según lo estipula la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, firmada por el presidente Donald Trump en noviembre. La legislación, aprobada por el Congreso, exige la liberación de registros no clasificados como correos electrónicos, transcripciones y comunicaciones, salvo en casos donde se comprometa la seguridad nacional, investigaciones en curso o la privacidad de las víctimas.
Desde la aprobación de la ley, el gobierno de Trump ha evitado comentar sobre el estado de la divulgación. Parlamentarios de ambos partidos solicitaron un informe de progreso a la procuradora general Pam Bondi, sin obtener respuesta. Dos senadores demócratas han amenazado con bloquear nombramientos civiles si el Departamento de Justicia incumple la ley.
El congresista demócrata Ro Khanna, coautor de la ley, sostiene que los documentos podrían revelar el alcance de las actividades criminales de Epstein y sus vínculos con figuras influyentes, incluidos Trump, el ex príncipe Andrés y otros. La presión política ha aumentado, especialmente tras la publicación de documentos que mencionan al presidente de forma crítica y muestran imágenes de Epstein junto a personalidades como Bill Gates y Noam Chomsky.
A lo largo de 2025, se han liberado varios lotes de documentos, incluyendo más de 33.000 páginas de investigaciones previas, transcripciones de entrevistas con Ghislaine Maxwell —condenada a 20 años de prisión— y correos electrónicos. También se han filtrado fotografías y mensajes que podrían comprometer a figuras públicas.
A pesar del plazo legal, existen dudas sobre si el Departamento de Justicia cumplirá con la divulgación completa. Las opciones incluyen publicar los documentos con ediciones mínimas, realizar cortes significativos, o alegar que una investigación en curso impide su publicación. En caso de incumplimiento, los funcionarios podrían enfrentar consecuencias legales y sanciones del Congreso.
La situación ha generado tensiones dentro del Partido Republicano, con algunos miembros exigiendo transparencia total y otros intentando proteger al presidente Trump. Encuestas recientes indican que un 74% de los adultos estadounidenses desaprueban la gestión del caso por parte del mandatario, incluso antes de la publicación de los nuevos documentos.
