Protestas en Portugal contra el nuevo paquete laboral propuesto por el Gobierno. (Foto: Instagram)
Portugal afronta este jueves una huelga general sin precedentes en los últimos 12 años, convocada conjuntamente por las dos mayores centrales sindicales del país, CGTP y UGT. La movilización responde al polémico paquete laboral propuesto por el gobierno de Luís Montenegro, que contempla más de cien modificaciones en la legislación del trabajo, entre ellas la imposición de 150 horas extras anuales obligatorias, la extensión de contratos temporales hasta tres años y restricciones a los horarios adaptados para padres y madres.
Desde la noche del miércoles, los efectos de la huelga se han hecho notar en todo el país. En Lisboa, el metro permanece cerrado desde las 6 de la mañana y no reabrirá hasta la madrugada del viernes. En Oporto, solo funciona la línea amarilla. La operadora ferroviaria CP opera con servicios mínimos, provocando retrasos significativos. El transporte fluvial y los autobuses urbanos también han reducido drásticamente su actividad.
El sector aéreo no ha quedado al margen: la aerolínea TAP opera solo un tercio de sus vuelos y la compañía TAAG canceló su ruta diurna a Lisboa. Además, muchas escuelas están cerradas y los hospitales, ya sobrecargados, solo ofrecen servicios mínimos como urgencias, internamientos y tratamientos oncológicos. Las esperas en emergencias superan las 10 horas en muchos casos.
El paquete de reformas, denominado “Trabalho XXI”, ha generado una fuerte polémica. Los sindicatos lo consideran un retroceso en derechos laborales y una amenaza especialmente para mujeres, familias monoparentales y trabajadores vulnerables. El gobierno, por su parte, defiende que busca modernizar el mercado laboral y mejorar la competitividad del país.
A pesar de las molestias causadas, el 61% de los portugueses apoya la huelga, según encuestas recientes. La protesta se produce en pleno diciembre, un mes de gran movimiento urbano, lo que ha incrementado la tensión social. Aunque el ejecutivo ha introducido algunas concesiones, mantiene su intención de enviar el texto a debate parlamentario tras el cierre del ciclo presupuestario, con o sin acuerdo con los agentes sociales.
