La disolución del Banco Ueno ha dejado a millones de clientes sin acceso a sus depósitos y amenaza con afectar a servicios públicos de Paraguay. (Foto: Instagram)
La disolución del Banco Ueno, la mayor entidad digital de Paraguay, ha dejado a miles de clientes sin acceso a sus depósitos y amenaza con extender las consecuencias de la crisis a los servicios públicos. La entidad custodiaba fondos del Instituto de Seguridad Social, de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. La crisis también desembocó en la destitución del presidente Santiago Peña, investigado por su presunta implicación en el escándalo.
El Banco Central paraguayo disolvió la entidad el martes 3 de noviembre al detectar que su nivel de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. El banco contaba con 2,9 millones de clientes, cerca del 40% de la población del país. La Fiscalía acusa a la empresa de manipular la situación patrimonial del banco para dar credibilidad a sus operaciones y de conceder préstamos y ayudas a compañías vinculadas al grupo que lo controlaba. Peña fue accionista de ese grupo hasta el año pasado.
El Congreso tramitó la destitución en dos días: la Cámara aprobó por unanimidad iniciar el proceso el jueves y el Senado votó la salida del presidente el viernes 6 de noviembre. Peña está siendo investigado penalmente por su supuesto vínculo con el caso. Esa misma noche, la Policía Nacional lo detuvo en su domicilio de Asunción. Tras su destitución, el vicepresidente Pedro Alliana, del mismo Partido Colorado, debía asumir la jefatura del Ejecutivo.
Los bomberos voluntarios han sido una de las primeras instituciones en notar el impacto. Al no ser funcionarios públicos en Paraguay, su actividad depende del voluntariado, pero la falta de acceso a recursos ha reducido su capacidad operativa. Según el diario paraguayo ABC, el cuartel de Itá solo tenía un vehículo disponible el viernes 6. La dirección nacional del cuerpo señaló que unos 2.000 millones de guaraníes —313.000 dólares— recaudados en la última colecta están bloqueados en el Banco Ueno, junto con fondos propios de varios cuarteles. A su juicio, la situación compromete la operatividad de las instalaciones y la continuidad de las emergencias. La organización reclama que esos recursos queden protegidos frente a cualquier medida que pueda retrasar o alterar su disponibilidad.
El Instituto de Seguridad Social tiene unos 355 millones de dólares depositados en el banco, equivalentes, según el organismo, al 9% del fondo de pensiones del Gobierno paraguayo. La institución asegura que la crisis no afectará a las prestaciones y que los pensionistas cobrarán íntegramente el 17 de noviembre, como afirmó la consejera Mirtha Arias. El instituto ha iniciado gestiones ante el Banco Central para recuperar los fondos y trabaja para trasladar a otras entidades las cuentas desde las que 32.000 jubilados recibían sus pagos.
La ANDE también tenía depósitos en el Banco Ueno, incluidos fondos procedentes de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y de Taiwán, según indicó su presidente, Miguel Baéz. La empresa estatal ha pedido al Banco Central un trato especial para esos recursos. Baéz advirtió, además, de que la crisis podría afectar a los pagos de los usuarios, ya que algunos emplean las aplicaciones del banco para abonar sus facturas eléctricas. En el ámbito gubernamental, Javier Giménez, jefe del Gabinete de la Presidencia, y Roberto Moreno, asesor jurídico presidencial, dejaron sus cargos el viernes; el director del Banco Central, Carlos Cavallo, había dimitido el miércoles, y el ministro del Interior, Enrique Riera, lo hizo el jueves.
