La Abogacía General de la Unión (AGU) ya había advertido del riesgo de que algunas empresas de apuestas deportivas pudieran seguir operando por decisiones judiciales mientras las demás acataban la prohibición de las apuestas en Brasil.
La advertencia se presentó el 9 de octubre, casi un mes antes de que Adriana Pileggi, magistrada del Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región (TRF-3), autorizara a CDA Gaming a reanudar sus actividades. La decisión, adoptada el martes 3 de noviembre, beneficiaba a las marcas Casa de Apostas, Betsul y Jogo Online. Sin embargo, el presidente del TRF-3, el magistrado Luis Antonio Johonsom Di Salvo, suspendió los efectos de la resolución de su compañera.
En un escrito al que tuvo acceso la columna, la AGU sostuvo que las decisiones individuales favorables a las operadoras podían perjudicar la aplicación de la medida provisional firmada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Las casas de apuestas autorizadas por el Gobierno no operan desde el 6 de octubre, por orden de Lula.
«Las órdenes judiciales individuales que mantengan a las operadoras en funcionamiento o fijen plazos incompatibles con los parámetros establecidos pueden comprometer la ejecución de la política pública que guía esta transición», afirmó la AGU.
El organismo también señaló que autorizar a una empresa podía atraer a usuarios de plataformas a las que se había impedido operar. Según los abogados de la AGU, si una plataforma seguía funcionando mientras otras cesaban su actividad, la demanda podía desplazarse hacia la operadora beneficiada. Ese traslado, argumentaron, mantendría las apuestas y modificaría los saldos que el proceso de cierre pretende determinar y devolver.
La AGU añadió que la solución adoptada para una empresa podía repercutir tanto en la aplicación coordinada de la política pública como en los demás agentes implicados. Su objeción, por tanto, no se limitaba a la situación de una operadora concreta: planteaba el posible efecto de distintas decisiones judiciales sobre el cumplimiento conjunto de la medida.
Para evitar que algunas casas de apuestas recibieran autorización para operar mientras otras continuaban sujetas a la prohibición, la AGU trató de concentrar en Brasilia los procesos relacionados con la medida de Lula. La propuesta consistía en que los casos fueran examinados por el 17.º o el 21.º Juzgado Federal del Distrito Federal, con el objetivo de reducir la posibilidad de que se dictaran resoluciones contradictorias.
CDA Gaming afirma que pagó al Gobierno federal 30 millones de reales brasileños —unos 4,8 millones de euros, según una conversión aproximada— para obtener autorización para explotar apuestas deportivas en Brasil hasta diciembre de 2029. La empresa sostiene que la prohibición la sorprendió antes de que concluyera el plazo concedido por el propio Gobierno.
Según la defensa de la compañía, la medida interrumpió una actividad que había sido autorizada legalmente y no contempló el reembolso del importe pagado por la licencia. Aunque una resolución judicial permitió la reanudación de las actividades, las casas afirman que los bancos no están aceptando apuestas, según informó la columna de Demétrio Vecchioli.
El caso reúne, así, dos cuestiones planteadas en las actuaciones: por un lado, el alcance de las autorizaciones concedidas individualmente por los tribunales y, por otro, el impacto de la prohibición sobre las empresas que aseguran haber obtenido una licencia y abonado por ella. La AGU defendió que los procesos se examinaran de forma coordinada, mientras que CDA Gaming expuso los efectos que, según la empresa, la suspensión de su actividad tuvo sobre su autorización y el pago realizado.
