El Ministerio Público de Paraguay inició una investigación formal contra Santiago Peña relacionada con la crisis del banco Ueno, después de una denuncia presentada por parlamentarios de la oposición. La apertura de las pesquisas se dio a conocer el jueves 5 de noviembre, el mismo día en que el mandatario paraguayo presentó su renuncia al cargo.
La investigación pretende esclarecer si se produjeron posibles irregularidades y cuál fue la relación de Peña con la entidad financiera. Entre las sospechas planteadas figuran enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, corrupción, fraude administrativo y tráfico de influencias. Se trata de acusaciones que deberán ser objeto de investigación; su inclusión en la denuncia no significa por sí sola que hayan quedado acreditadas.
Peña, de 47 años, fue elegido presidente de Paraguay en 2023. Antes de marzo de 2025, era accionista de una empresa vinculada a Ueno. La investigación busca aclarar los posibles vínculos entre el político y la institución financiera, así como examinar las circunstancias relacionadas con el crecimiento del banco y los depósitos públicos que recibió.
Tras la llegada de Peña al Gobierno, Ueno experimentó una rápida expansión y obtuvo importantes depósitos de organismos públicos. Según la información difundida, estos fondos sumaban alrededor de 780 millones de euros, una cifra aproximada calculada a partir del importe de 850 millones de dólares citado en la información original. El volumen y el origen de esos depósitos forman parte del contexto de la crisis y de las cuestiones que han suscitado las denuncias de la oposición.
El Banco Central de Paraguay concluyó que la entidad financiera digital no disponía de recursos suficientes para cumplir sus compromisos. En el sector bancario, esa situación se describe como insolvencia: en términos generales, significa que una entidad no puede atender las obligaciones de pago que ha asumido. Ueno fue disuelto el martes 3 de noviembre, después de esa conclusión del banco central.
La disolución de la entidad y las sospechas formuladas contra Peña dieron lugar a una crisis política. Parlamentarios opositores solicitaron que se sometiera al presidente a un juicio político. La iniciativa avanzó cuando la Cámara aprobó la apertura del procedimiento y pasó a ser debatida en el Senado. La apertura de este proceso constituye una vía institucional distinta de la investigación penal del Ministerio Público, aunque ambas se desarrollan en el contexto de la crisis de Ueno.
La situación política del mandatario se agravó hasta dejarlo sin apoyo, incluso dentro de su propio partido, según la información publicada. En medio de esa crisis, Peña presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre. La dimisión, no obstante, todavía debe ser analizada por el Congreso, por lo que su presentación no equivale a una aceptación automática.
De este modo, quedan en curso varios procedimientos relacionados con el caso: la investigación fiscal sobre las posibles irregularidades y los vínculos del presidente con la entidad; el debate parlamentario sobre el juicio político; y el examen congresual de la renuncia presentada por Peña. La información disponible no determina el resultado de ninguno de ellos ni establece que las sospechas hayan sido probadas.
