La intervención del Ueno Bank desató una crisis financiera y política en Paraguay y dejó a miles de clientes sin acceso inmediato a sus fondos. (Foto: Instagram)
Paraguay atraviesa una crisis económica y política tras la intervención del Ueno Bank, una de las principales entidades financieras digitales del país. La decisión del Banco Central paraguayo (BCP) provocó la salida de su presidente, Carlos Carvallo, y de dos miembros de su dirección, además de impulsar una petición de destitución contra el presidente Santiago Peña. La entidad bancaria atendía a más de tres millones de clientes, alrededor del 40 % de la población paraguaya.
El 3 de noviembre, el BCP ordenó el cierre de la entidad al considerarla insolvente, es decir, incapaz de hacer frente a sus compromisos. También suspendió sus operaciones e inició un proceso de resolución del banco. A raíz del caso, el Ministerio Público paraguayo solicitó abrir una investigación penal y pidió la detención de dos directivos. Las pesquisas se centran en sospechas sobre la gestión de la entidad y en préstamos concedidos a empresas vinculadas al grupo controlador, que podrían haber perjudicado el patrimonio del banco.
La crisis también alcanzó a la cúpula del banco central. Carvallo, presidente de la autoridad monetaria desde 2023, dimitió y, al día siguiente, dejaron sus puestos Carmen Marín y Marco Aurelio González, también integrantes de la dirección. Antes de asumir la presidencia del BCP, Carvallo había dirigido el Banco Ueno. Peña, economista de formación, fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025; la empresa está vinculada al grupo que controla el banco.
La relación del presidente con la entidad llevó a parlamentarios de la oposición a presentar una petición de «juicio político», un procedimiento comparable al proceso de destitución en Brasil que puede apartar al mandatario del cargo. El partido que sustenta al Gobierno también se sumó a la solicitud. La petición se produce en medio de las críticas y la presión política generadas por el colapso del banco, aunque las sospechas sobre su gestión siguen bajo investigación.
Tras la intervención del BCP, los clientes dejaron de tener acceso a sus fondos y comenzaron las protestas en distintas zonas del país. Usuarios de la entidad, incluidos brasileños que operaban con ella, se manifestaron en el centro de Asunción y frente a la residencia oficial de Peña para exigir la devolución íntegra de su dinero. Los trabajadores del banco también salieron a la calle para protestar por la crisis.
El 4 de noviembre, Peña anunció que el Banco Central compensaría a los clientes afectados por la disolución de la entidad. El BCP comunicó que adelantará la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos y que los pagos, previstos a partir de esa semana, podrán alcanzar hasta 40 salarios mínimos por persona afectada. El dinero se entregará a través de otras entidades financieras; quienes no tengan una cuenta en otro banco recibirán una cuenta provisional. La autoridad monetaria indicó asimismo que los derechos y pagos de los empleados están garantizados y que estos recibirán las cantidades correspondientes en los próximos días.
