La Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción (CBIC) presentó al ministro de Trabajo y Empleo, Luiz Marinho, once propuestas para reducir los efectos previstos del fin de la jornada 6×1, entre ellos el riesgo de que se retrasen las obras. Este modelo organiza el trabajo en seis días de actividad y uno de descanso; la entidad plantea medidas para afrontar el cambio y adaptar las condiciones del sector.
En una reunión celebrada este miércoles, 4 de noviembre, el presidente de la organización, Eduardo Aroeira, y el vicepresidente de Política de Relaciones Laborales, David Fratel, alertaron al ministro de la posibilidad de que se produzcan retrasos y le entregaron un documento con propuestas para regular las nuevas normas. Entre los objetivos planteados figuran preservar el empleo, mantener las obras en curso dentro de los plazos previstos y ofrecer seguridad jurídica a las empresas.
Una de las principales propuestas consiste en ampliar a cinco años el periodo de transición. La CBIC argumenta que las empresas necesitan tiempo para reorganizar sus operaciones, renegociar contratos e invertir en formación profesional e innovación tecnológica. También propone fijar un criterio nacional para calcular el valor de la hora trabajada: un divisor de 255 horas para jornadas de 42 horas semanales y de 243 horas para jornadas de 40 horas semanales, en ambos casos con una organización de cinco días de trabajo y dos de descanso.
La entidad plantea que la regulación permita distribuir las 42 horas semanales en cinco días, con jornadas diarias de ocho horas y 24 minutos, sin que esos 24 minutos por encima de la octava hora se consideren horas extraordinarias. Asimismo, solicita normas específicas para compensar la jornada en la construcción, atendiendo a las características de las obras, que pueden verse afectadas por las condiciones meteorológicas, las interrupciones técnicas y las distintas fases de ejecución. Defiende mecanismos de compensación semanal y mensual negociables, además de bolsas de horas adaptadas a la actividad del sector.
Entre las demás sugerencias se encuentran establecer criterios claros para el descanso semanal remunerado, con el fin de facilitar la organización de los equipos y proteger el tiempo de reposo. Sobre los festivos, la CBIC pide que su coincidencia con días de descanso no genere automáticamente días libres adicionales, créditos en la bolsa de horas ni pagos dobles. También reclama parámetros nacionales uniformes para evitar interpretaciones distintas según la región en cuestiones como los divisores salariales, las compensaciones y el descanso semanal. Por último, propone ajustar las normas transitorias del programa Bolsa Familia para que sus beneficiarios puedan incorporarse o regresar al empleo formal sin perder inmediatamente la ayuda.
**La previsión de 300.000 nuevos profesionales**
Los estudios técnicos de la CBIC indican que la reducción de la jornada podría suponer la pérdida de casi 600 millones de horas de trabajo al año y exigir la contratación de aproximadamente 300.000 profesionales nuevos para mantener la capacidad productiva actual.
Aroeira afirmó ante el ministro que los efectos no se limitarían al aumento de los costes empresariales y que podrían perjudicar la ejecución de proyectos de vivienda, infraestructuras y servicios esenciales. «La construcción civil tiene características muy específicas. Somos un sector que depende intensamente de la mano de obra y ya tenemos dificultades para contratar trabajadores. Con la reducción de la jornada, necesitaríamos alrededor de 300.000 profesionales nuevos en un periodo muy corto, sin tiempo suficiente para aumentar la productividad», declaró.
La entidad también expresó su preocupación por las consecuencias sociales que podrían derivarse de los retrasos en la entrega de viviendas, guarderías, hospitales y obras de infraestructura. Aroeira señaló que el incremento de los costes laborales, estimado entre el 10 % y el 15 %, podría afectar directamente a programas de vivienda como Minha Casa, Minha Vida y presionar la inversión pública en un contexto de restricciones presupuestarias.
**El periodo de transición**
Durante la reunión, David Fratel defendió un periodo de transición más largo para que las empresas puedan adaptarse a los cambios sin comprometer la actividad económica. Según explicó, la construcción requiere planificación a largo plazo y cuenta con contratos en curso y negociaciones colectivas que necesitan tiempo para ajustarse.
«La construcción civil necesita un periodo de transición para asimilar esta transformación con estabilidad. No se pueden adaptar los sistemas, renegociar contratos, revisar las bolsas de horas y reorganizar toda la operación en apenas dos meses», afirmó.
Luiz Marinho señaló la necesidad de encontrar soluciones regulatorias que respeten las disposiciones constitucionales y eviten distorsiones en el cálculo de la remuneración. Recibió el documento e indicó que la negociación colectiva puede servir para adaptar las normas a las distintas realidades productivas.
Las estimaciones presentadas por la CBIC apuntan a que reducir la jornada sin un plazo de adaptación adecuado podría afectar de forma significativa a la producción de viviendas y a la ejecución de obras públicas. La entidad advierte de que recuperar la capacidad productiva mediante horas extraordinarias podría elevar los costes del sector en más de 3.200 millones de euros anuales —equivalencia aproximada— y presionar los costes alrededor de un 15 %.
En el ámbito de la vivienda, la organización considera que mantener el ritmo de programas como Minha Casa, Minha Vida podría resultar más difícil. Según las estimaciones expuestas por Aroeira, el impacto podría traducirse en unas 35.000 viviendas menos al año y afectar a casi 500.000 personas en cinco años. La CBIC también alerta del riesgo de retrasos en la entrega de escuelas, guarderías, hospitales y proyectos de infraestructura, especialmente en contratos públicos que ya afrontan limitaciones presupuestarias y dificultades para contratar personal.
La organización reiteró su disposición a mantener el diálogo con el Gobierno federal y a contribuir técnicamente a una regulación equilibrada, que garantice los derechos de los trabajadores y tenga en cuenta las particularidades de la industria de la construcción, preservando la inversión, el empleo y la continuidad de las obras esenciales para el desarrollo del país.
