La Confederación Nacional de la Industria (CNI) acudió este miércoles 4 de noviembre al Supremo Tribunal Federal (STF) para impugnar la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) que pone fin a la escala laboral 6×1. La organización cuestiona que las nuevas normas se apliquen de forma inmediata a los contratos de trabajo y a los acuerdos y convenios colectivos que siguen vigentes, así como las limitaciones impuestas a la negociación colectiva sobre las jornadas.
En su acción, la CNI sostiene que el cambio aprobado por el Congreso Nacional en octubre vulnera varios principios constitucionales. Entre ellos menciona la seguridad jurídica, la protección del acto jurídico perfecto, la autonomía colectiva y la libre iniciativa. La entidad considera que estos principios deben tenerse en cuenta al modificar las reglas laborales y al determinar cómo afectan los cambios a los instrumentos negociados con anterioridad.
Según la Confederación, imponer nuevos parámetros sin establecer una transición adecuada puede alterar condiciones que ya han sido acordadas entre empresas y trabajadores. La organización advierte de que esos cambios podrían afectar a la sostenibilidad de los negocios y al mantenimiento de los empleos. Su planteamiento se centra, por tanto, tanto en el contenido de las nuevas reglas como en el momento y la forma en que empezarían a aplicarse.
El Senado aprobó el fin de la escala 6×1 el 14 de octubre de este año. Con la aprobación de la PEC, el trabajador tendría derecho a dos días de descanso semanal remunerado, uno de ellos preferentemente en domingo, y no se reduciría el salario. La escala 6×1 alude a un régimen de seis días de trabajo por uno de descanso; el cambio contempla ampliar el descanso semanal remunerado previsto para los trabajadores.
El texto también reduce de 44 a 40 horas el límite máximo de la jornada semanal. La jornada diaria queda fijada en un máximo de ocho horas, con posibilidad de compensar horarios y de reducir la jornada mediante acuerdo o convenio colectivo de trabajo. Estos elementos forman parte de las condiciones que la propuesta pretende establecer para organizar el tiempo de trabajo, junto con el descanso semanal y la preservación del salario.
Uno de los principales puntos impugnados por la CNI es la aplicación de las nuevas normas a los instrumentos colectivos que están actualmente en vigor. La propuesta prevé que esos acuerdos y convenios pierdan su validez en un plazo de solo dos meses. La entidad cuestiona que ese periodo permita adaptar las condiciones ya negociadas al nuevo marco y sostiene que la transición debe tener en cuenta los compromisos existentes entre las partes.
La CNI también afirma que las nuevas restricciones a la negociación de los regímenes de compensación reducen las opciones disponibles para que empresas y trabajadores encuentren soluciones ajustadas a las distintas realidades de los sectores productivos. La negociación colectiva permite establecer condiciones laborales mediante acuerdos entre las partes, y la controversia se refiere a los límites que la PEC fijaría para pactar la distribución o compensación de las horas de trabajo.
Además, la Confederación solicita que se suspenda la eficacia de la enmienda constitucional para las microempresas y las empresas de pequeño tamaño hasta que el poder legislativo apruebe una ley complementaria que regule la materia. Su petición plantea que la aplicación de las nuevas disposiciones a esas empresas quede aplazada mientras se prepara esa regulación. La acción presentada ante el STF cuestiona, así, la entrada en vigor de las normas para determinados contratos e instrumentos colectivos y reclama un tratamiento específico para las empresas de menor tamaño.
