La Corte Especial del Superior Tribunal de Justicia de Brasil (STJ) condenó este miércoles 4 de noviembre a Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, magistrada del Tribunal de Justicia de Bahía (TJBA), a 14 años y 20 días de prisión. La pena deberá cumplirse inicialmente en régimen cerrado. La condena es por corrupción pasiva y blanqueo de capitales.
La decisión fue unánime y se adoptó en un nuevo juicio relacionado con la Operación Faroeste, una investigación sobre un presunto esquema de corrupción en el ámbito judicial de Bahía. Además de imponer la pena de prisión, el STJ acordó retirar a la magistrada la jubilación obligatoria y poner fin a los pagos asociados a ella.
También fue condenado Vasco Rusciolelli Azevedo, hijo de la magistrada y abogado. El tribunal le impuso 13 años y 11 meses de prisión, igualmente con un régimen inicial cerrado, por corrupción pasiva, blanqueo de capitales y asociación criminal.
En la misma sesión, los ministros condenaron al empresario Nelson José Vigolo a cuatro años y un mes de prisión, que cumplirá en régimen domiciliario. El abogado Vanderlei Chilante recibió una pena de cuatro años y 11 meses, con régimen inicial semiabierto. Ambos fueron declarados culpables de corrupción activa y blanqueo de capitales, pero absueltos de la acusación de pertenencia a una organización criminal. El tribunal concedió además el perdón judicial al colaborador Júlio Cesar Cavalcanti Ferreira.
La investigación de la Operación Faroeste fue llevada a cabo por la Policía Federal brasileña. Se centró en un supuesto entramado que habría involucrado a magistrados, abogados y empresarios, y en la negociación de decisiones judiciales, especialmente en litigios por tierras del oeste del estado de Bahía. Las pesquisas detectaron sospechas de pagos de ventajas indebidas para influir en resoluciones de procedimientos relacionados con propiedades rurales.
La causa aborda presuntas interferencias en procesos judiciales sobre la titularidad de terrenos. En este contexto, la investigación examinó posibles acuerdos y decisiones vinculados a disputas por propiedades rurales. Las condenas conocidas este miércoles forman parte de los distintos procedimientos relacionados con la operación; la resolución del STJ se refiere a las personas juzgadas en esta sesión y a los delitos que el tribunal les atribuyó.
El Superior Tribunal de Justicia es un órgano judicial brasileño que resuelve, entre otras materias, determinados recursos y causas que le corresponden conforme a la legislación del país. En este caso, la Corte Especial del STJ adoptó la decisión sobre las penas y las demás medidas anunciadas. La expresión «régimen inicial cerrado» indica que la pena de prisión comienza en un régimen penitenciario cerrado; en cambio, el régimen semiabierto y el domiciliario son modalidades distintas de cumplimiento mencionadas en la resolución.
A finales del mes pasado, el STJ condenó a otra magistrada del Tribunal de Justicia de Bahía, Maria do Socorro Barreto Santiago, a 14 años y 11 meses de prisión. También impuso una pena de 15 años y ocho meses al juez jubilado Sérgio Humberto de Quadros Sampaio. Según el criterio expuesto por los ministros en ese juicio, los magistrados recibían sobornos millonarios para dictar resoluciones favorables a la apropiación ilegal de tierras. Asimismo, obligaban a productores legítimos a alcanzar acuerdos bajo la amenaza de perder sus propiedades.
La resolución sobre Azevedo incluye tanto las penas de prisión como la retirada de su jubilación obligatoria. Las condenas de los demás acusados establecen distintos regímenes iniciales y contemplan también absoluciones y un perdón judicial, de acuerdo con las decisiones adoptadas por el tribunal.
