Lula ya ha consultado al fiscal Lincoln Gakiya, el nombre más conocido del país en la lucha contra el PCC y el favorito del presidente para dirigir el Ministerio de Seguridad Pública. Si no acepta, el elegido será Chico Lucas, secretario nacional de Seguridad Pública. La prisa tiene un motivo: Lula quiere crear e instalar rápidamente la nueva cartera y convertirla en el primer acto de su cuarto mandato.
Todo depende del Senado, que vota este martes (03/10), a partir de las 16.00, la enmienda constitucional sobre seguridad pública. Con el calendario especial aprobado en octubre, las dos votaciones podrían celebrarse el mismo día. La propuesta necesita al menos 49 votos de los 81 senadores en cada una. El Gobierno intenta aprobar el texto sin cambios que obliguen a devolverlo a la Cámara de Diputados. Si lo consigue, la enmienda pasará directamente a su promulgación en una sesión del Congreso y abrirá el camino para crear el nuevo ministerio mediante una medida provisional, separado del actual Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
La propuesta incluye en la Constitución el Sistema Único de Seguridad Pública, amplía las competencias de la Policía Federal, permite crear policías municipales y establece un régimen penal más severo para los líderes y miembros de facciones y milicias. Entre las medidas figuran el ingreso obligatorio en prisiones de máxima seguridad, límites a la progresión de grado penitenciario y el decomiso de bienes vinculados a la delincuencia. El área contará también con una nueva fuente de financiación: el 10 % del superávit del Fondo Social del presal.
El debate sobre la edad de responsabilidad penal quedará para otro momento. De las cinco enmiendas presentadas en el pleno, dos tratan este asunto. Rogério Marinho (PL-RN) propone reducir la edad penal a los 16 años como norma general y a los 14 en casos de delitos atroces, tortura, tráfico de drogas y terrorismo. Camilo Santana (PT-CE), por su parte, mantiene los 18 años y contempla una excepción a partir de los 16 únicamente para delitos atroces. Cualquier cambio de este tipo obligaría a devolver la propuesta a los diputados y retrasaría la creación del ministerio.
EL FISCAL AL QUE EL PCC QUISO MATAR
Lincoln Gakiya desarrolló su carrera en la Fiscalía de São Paulo, en gran medida dentro del Gaeco, el grupo de lucha contra el crimen organizado. Trabajó en Presidente Venceslau, en el oeste del estado de São Paulo, donde se encuentran algunas de las prisiones que albergan a la cúpula del PCC. Lleva más de dos décadas investigando a la facción desde dentro, desde las órdenes emitidas desde las celdas hasta el dinero que mueve fuera de ellas.
El momento más importante de su carrera llegó en 2019, cuando encabezó la petición para trasladar a Marcola y a otros jefes del PCC a prisiones federales, aislando a la cúpula de la facción. El coste fue elevado: Gakiya fue objetivo de planes para asesinarlo y, desde entonces, vive bajo escolta. Ha declarado que teme por su propia seguridad cuando se jubile, momento en que la protección dejará de estar garantizada.
Gakiya mantiene contacto con agencias estadounidenses, entre ellas el FBI y la DEA, y tiene buena relación con las fuerzas policiales. Durante la campaña, Ronaldo Caiado llegó a presentarlo como su futuro ministro de Seguridad. Si acepta la propuesta de Lula, el Gobierno apartará a la derecha a uno de sus nombres más simbólicos en este ámbito. En la izquierda, sin embargo, ya hay críticas por su cercanía a las fuerzas policiales y a Estados Unidos. Su perfil técnico y de alcance nacional daría visibilidad inmediata al ministerio.
EL GESTOR DE LOS DATOS
Francisco Lucas Costa Veloso, conocido como Chico Lucas, ingresó en la Policía Federal de Carreteras a los 19 años. A los 25 se convirtió en procurador del Estado de Piauí y llegó a presidir la asociación de esa categoría profesional. En política, coordinó la campaña que llevó a Rafael Fonteles a la gobernación en 2022 y, después, asumió la Secretaría de Seguridad del estado.
En el cargo, organizó una gestión basada en datos, inteligencia policial e integración entre las fuerzas. En tres años, Piauí registró la cifra más baja de muertes violentas de la década, con una reducción del 31 %. Los homicidios disminuyeron un 30 % y el descenso en Teresina superó el 41 %. Los robos con homicidio bajaron un 44 %, los robos de vehículos un 38 % y los de teléfonos móviles un 53 %, impulsados por el programa Meu Celular de Volta, que devolvió más de 14.000 aparatos a sus propietarios. Todo ello ocurrió con una de las tasas de letalidad policial más bajas del país.
Estos resultados lo llevaron a Brasilia a comienzos de este año, después de que el ministro de Justicia, Wellington César Lima e Silva, lo eligiera para dirigir la Secretaría Nacional de Seguridad Pública. Si Gakiya no acepta, Chico Lucas llevará al ministerio la continuidad de alguien que ya conoce la maquinaria federal y puede presentar resultados.
EL PRIMER ACTO
La elección entre ambos indica qué espera Lula de la nueva cartera: una imagen inmediata de firmeza contra las facciones o una gestión con resultados ya demostrados. El orden, sin embargo, está definido. Primero debe llegar la aprobación del Senado; después, la promulgación y, solo entonces, la creación del ministerio. Si los planes del Palacio de Planalto se cumplen, el cuarto mandato de Lula comenzará oficialmente con la seguridad pública, aún esta semana.
