El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, convocó consultas de emergencia para abordar la crisis del Tribunal Constitucional. (Foto: Instagram)
El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, convocó este sábado 31 de octubre consultas de emergencia con representantes de los partidos políticos para abordar la crisis del Tribunal Constitucional. El enfrentamiento enfrenta al Gobierno del primer ministro Donald Tusk, de orientación favorable a la Unión Europea, con la derecha nacionalista.
El detonante fue la decisión anunciada el viernes por la jueza Anna Korwin-Piotrowska de suspender al presidente del tribunal, Bogdan Swieczkowski. Korwin-Piotrowska asumió la dirección de la institución y sostuvo que la medida era necesaria para restablecer el Estado de derecho. Nawrocki calificó la actuación de «violación del orden constitucional» y afirmó que se había tomado por la fuerza un órgano del Estado. También pidió que se retirase a los agentes desplegados alrededor del tribunal.
«Ante la amenaza a la seguridad interna de la República de Polonia, convoco para hoy consultas de emergencia con representantes de las fuerzas parlamentarias, con el fin de estabilizar la situación política y restablecer el orden constitucional», declaró el presidente. Nawrocki añadió que había consultado a Zbigniew Kapiński, presidente del Tribunal Supremo, quien, según el jefe del Estado, no considera legales las actuaciones de quienes estarían usurpando el poder en el Tribunal Constitucional.
El Gobierno de Tusk intenta apartar a jueces nombrados durante el mandato anterior, cuando gobernó el partido Ley y Justicia (PiS), entre 2015 y 2023. La disputa también afecta al nombramiento de nuevos miembros del tribunal, bloqueado por Nawrocki. Por su parte, el ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Zurek, comunicó que había solicitado retirar la inmunidad a Swieczkowski y a su adjunto, Bartlomiej Sochanski.
La cuenta oficial del Tribunal Constitucional afirmó que Swieczkowski seguía ejerciendo sus funciones, lo que refleja el desacuerdo sobre la validez de las decisiones adoptadas dentro de la institución. El Gobierno sostiene que sus medidas pretenden restablecer el Estado de derecho, que, según las críticas de la Unión Europea, se debilitó durante los gobiernos del PiS. Tusk defendió su actuación en una publicación en X: «Este proceso es difícil, a veces incluso doloroso, y exige medidas decisivas. No hay otro camino».
El Tribunal Constitucional polaco se ha pronunciado con frecuencia a favor de la primacía de la legislación nacional sobre el derecho de la Unión Europea. Durante los gobiernos del PiS, Bruselas acusó a la institución de mantener una cercanía excesiva con el Ejecutivo y de comprometer la independencia del poder judicial.
