Mujeres con velo integral en espacio público tras la nueva ordenanza municipal (Foto: Instagram)
La ciudad española ha aprobado una ordenanza que sanciona con hasta 750 euros de multa a quienes cubran por completo su rostro en espacios públicos. Esta nueva regla, impulsada por el ayuntamiento local, busca garantizar la identificación de las personas y fortalecer las labores de seguridad ciudadana en calles, plazas y parques. Según el texto de la normativa, se considera falta grave el uso de velos integrales, pasamontañas, máscaras o cualquier prenda que impida reconocer rasgos faciales de forma total.
El ámbito de aplicación de la medida incluye vías peatonales, zonas comerciales, jardines públicos y depósitos de transporte urbano. La ordenanza detalla que queda prohibido cubrir cara y ojos simultáneamente, sin importar el motivo —religioso, cultural, deportivo o lúdico—. Con esta limitación, el consistorio persigue evitar situaciones de anonimato que puedan entorpecer el control policial y reducir posibles actos delictivos.
Aunque no se especifica un importe mínimo para las sanciones, la multa máxima asciende a 750 euros. Para delegar la ejecución de la norma, la policía local será la encargada de notificar la infracción en el momento y de gestionar el expediente sancionador. Los agentes podrán requerir al infractor que descubra el rostro de manera inmediata; de no hacerlo, se procederá a imponer la sanción económica establecida.
Esta iniciativa se enmarca en un debate abierto en varias ciudades europeas sobre el equilibrio entre derechos individuales y seguridad pública. En el caso de la ciudad española, los responsables municipales subrayan que la medida no va dirigida a perseguir creencias religiosas ni tradiciones culturales, sino a promover la convivencia y facilitar el servicio de emergencias. Asimismo, destacan que la norma respeta el derecho a la intimidad, siempre que el rostro permanezca visible ante las autoridades.
La aprobación de esta ordenanza ha despertado reacciones diversas entre colectivos sociales y asociaciones de defensa de libertades. Algunos critican que la prohibición pueda vulnerar derechos fundamentales, mientras que otros consideran que resulta razonable para proteger a la población y garantizar la identificación en situaciones de riesgo. Sin embargo, el gobierno municipal defiende que la regulación se ha sometido a informes jurídicos y cuenta con el respaldo del departamento de seguridad.
La puesta en marcha de la sanción está prevista tras su publicación en el boletín oficial local y entrará en vigor de manera progresiva. Durante el primer mes, los agentes realizarán labores informativas para advertir sobre la prohibición y orientar a los ciudadanos. A partir de entonces, comenzarán las denuncias formales. Con esto, la ciudad española busca equilibrar la sensación de bienestar colectivo y la protección ciudadana, adaptándose a nuevas necesidades de control y prevención en espacios abiertos.
