La iraní Ameneh Bahrami logró ante la Justicia de Irán la autorización para aplicar al hombre que la atacó con ácido una sanción similar a la que ella misma sufrió. En 2004, Majid Movahedi le lanzó el corrosivo en el rostro después de que ella rechazara una propuesta de matrimonio, desfigurando gravemente su fisonomía y causándole la pérdida total de la visión.
La decisión fue otorgada por un tribunal de Teherán con base en la legislación local, inspirada en la ley islámica. La llamada “pena de retribución” —conocida en árabe como qisas— permite que la propia víctima ejecute el castigo sobre el agresor. Se trata de uno de los primeros casos de este tipo en Irán que trasciende con fuerza a nivel internacional.
Durante la vista oral, Ameneh Bahrami describió con claridad el instante en que el agresor la emboscó. “Él sostenía un recipiente con un líquido de color rojo. Me miró a los ojos un segundo y arrojó el ácido contra mi cara”, relató la víctima ante el juez. Su testimonio fue determinante para que el tribunal ratificara la sanción de qisas además de fijar una indemnización económica que Bahrami rechazó expresamente, pues su único objetivo era obtener justicia conforme a la ley islámica.
En 2008, tras la confesión de Majid Movahedi, un juez ya había aprobado la pena de retribución, acompañada de un resarcimiento monetario. Sin embargo, la negativa de la víctima a recibir compensación ni tampoco a perdonar al responsable llevó al proceso a prolongarse hasta obtener la luz verde definitiva para ejecutar el castigo corporal.
Según informaciones publicadas por el diario The Guardian en su momento, el protocolo de la sentencia establece que Movahedi sea sedado en un hospital judicial antes de recibir la aplicación del ácido en los ojos. De este modo, quedaría ciego de forma irreversible, cumpliendo de modo exacto la sanción estipulada por la normativa penal iraní.
El abogado defensor de Ameneh, Ali Safari, defendió la elección de este método. “Se ha seleccionado una técnica apropiada: el condenado sufrirá ceguera a causa de unas gotas de ácido, mientras permanece inconsciente, evitando así un sufrimiento prolongado”, explicó Safari al término de la audiencia.
La resolución provocó reacciones divididas. Autoridades locales la consideraron un disuasivo eficaz para frenar nuevos ataques con sustancias corrosivas. Por el contrario, organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, criticaron la medida como inhumana y denunciaron que la legislación de qisas contraviene principios fundamentales de derechos universales.
Contexto histórico y legal
La pena de retribución, o qisas, forma parte del derecho penal islámico y está contemplada en la legislación iraní desde la Revolución de 1979. Se inspira en uno de los pilares de la Sharía, que clasifica los delitos graves en tres categorías: hadd (castigos fijos por Dios), diyāt (compensación económica) y qisas (equivalencia de penas). El fundamento teórico es el de “ojo por ojo”, aunque en la práctica se permite la posibilidad del perdón a cambio de diyāt u otras formas de reconciliación.
Irán no es el único país donde se registran ataques con ácido; Bangladesh, Pakistán, India y Camboya históricamente han reportado decenas de casos cada año, muchos de ellos dirigidos a mujeres. En los últimos años, diversas ONG han promovido campañas para restringir la venta de sustancias corrosivas y ofrecer asistencia médica y psicológica a las sobrevivientes.
A nivel internacional, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y varios relatores especiales han instado al Gobierno iraní a abolir las penas corporales en su código penal y a adoptar medidas efectivas para prevenir la violencia de género. No obstante, la jurisprudencia basada en la Sharía sigue vigente y provoca debates entre juristas, defensores de derechos humanos y sectores conservadores de la sociedad iraní.
