Una acusación atribuida al exbanquero Daniel Vorcaro ha regresado al centro de la crisis política que envuelve al Banco Master, al Supremo Tribunal Federal (STF) y al Senado de Brasil. Según publicó la revista Veja, Vorcaro afirmó ante las autoridades haber efectuado un supuesto pago de 30 millones de dólares estadounidenses (unos €27,6 millones) —equivalente en aquel momento a cerca de 155 millones de reales brasileños (unos €27,9 millones)— en una cuenta en el extranjero a favor de Davi Alcolumbre (União-AP), presidente del Senado. Alcolumbre niega haber recibido cantidad alguna y anuncia que llevará el asunto a los tribunales.
El relato habría surgido en el curso de las negociaciones de una propuesta de colaboración premiada presentada por Vorcaro. Según la versión atribuida al exbanquero, aquel depósito habría sido un soborno para garantizar la actuación de Alcolumbre en el Congreso, defendiendo proyectos e intereses relacionados con el Banco Master. La supuesta intermediación la habría realizado Augusto Lima, antiguo socio de Vorcaro.
Hasta ahora, no existe certificación judicial de que ese pago se haya producido. El senador Alcolumbre se ha limitado a rechazar categóricamente las acusaciones, calificándolas de “absolutamente falsas”. En un comunicado posterior a la difusión de la información, insistió en que jamás recibió recursos del exbanquero, ni en Brasil ni en el extranjero, y advirtió que emprenderá acciones legales contra quienes difundan esas imputaciones.
El caso adquirió mayor repercusión política porque coincide con la presión que la oposición ha ejercido sobre Alcolumbre para que impulse varios pedidos de impeachment contra el ministro Alexandre de Moraes, del STF. En concreto, a principios de septiembre, tras la divulgación de un informe de la Policía Federal sobre presuntas conexiones entre Moraes y Vorcaro, senadores opositores como Carlos Viana, Cleitinho, Damares Alves, Esperidião Amin, Flávio Bolsonaro, Izalci Lucas, Luis Carlos Heinze y Magno Malta llegaron a reclamar el apartamiento de Moraes del Supremo mediante juicio político o renuncia.
En una sesión celebrada el 1 de septiembre, Alcolumbre cifró en 109 las solicitudes de juicio político presentadas contra los diez magistrados del STF y las calificó de “no normales”. Sin embargo, el presidente del Senado no anunció ninguna intención de procesar de manera inmediata a Alexandre de Moraes. Según informó el portal Metrópoles, Alcolumbre dejó entrever que no dará curso a esos pedidos, subrayando que la decisión inicial sobre la admisión de un impeachment contra los ministros del Supremo corresponde exclusivamente a la presidencia del Senado.
Procedimiento de impeachment en Brasil
El proceso de destitución de un magistrado del STF se inspira en la figura del impeachment prevista por la Constitución. Para que prospere, el asunto debe ser admitido por la Cámara de Diputados, luego aprobado por dos tercios de sus miembros y, a continuación, juzgado por el Senado. El presidente del Senado funge como responsable de recibir y decidir sobre la admisión del pedido, determinando si se abre el proceso o se archiva.
La colaboración premiada, por su parte, es un mecanismo legal que permite a un imputado reducir su eventual condena a cambio de aportar información relevante a la Fiscalía o a los investigadores. A lo largo de los últimos años, múltiples personajes vinculados a escándalos de corrupción en Brasil han recurrido a este recurso, motivando numerosas revelaciones de operaciones financieras opacas.
Repercusión en redes sociales
En las plataformas digitales circulan reacciones críticas al solapamiento entre la acusación de soborno y el papel de Alcolumbre en el eventual impulso del impeachment de Moraes. Un internauta resumió el dilema con esta pregunta: “Vorcaro dice que dio €28 millones a Acolumbre y quieren que él tramite el impeachment de Moraes con el mismo banquero?”. Sin embargo, hasta el momento no se ha aportado ninguna prueba documental o bancaria que confirme el depósito, y la acusación se limita al testimonio atribuido a Vorcaro.
Ante la ausencia de evidencias fehacientes y el rechazo contundente del senador, el caso permanecerá por ahora en el ámbito de la teoría de la acusación. Sólo el avance de las investigaciones judiciales podrá determinar si cabe o no abrir diligencias formales sobre estos hechos y si existiría algún vínculo real entre el presunto soborno y la agenda política impulsada en el Senado brasileño.
