Donald Trump defiende un pacto para que EE. UU. controle mayoritariamente el petróleo venezolano sin coste público (Foto: Instagram)
Según el presidente Donald Trump, el pacto recientemente anunciado prevé que Estados Unidos asuma el control mayoritario de la producción de petróleo en Venezuela y, al mismo tiempo, no implique ningún tipo de coste directo para los contribuyentes estadounidenses. Trump destacó que el acuerdo se diseñó de modo que las empresas norteamericanas gestionen y supervisen las operaciones petroleras, mientras que el Gobierno de Estados Unidos no tendría que desembolsar fondos públicos para financiar la extracción, transporte o refinado del crudo proveniente de los yacimientos venezolanos.
Venezuela posee una de las mayores reservas de crudo del mundo, concentradas principalmente en la Faja del Orinoco, en el este del país. Esta región alberga petróleo extra pesado que requiere procesos de tratamiento y mejoramiento específicos para hacerlo apto para el mercado internacional. El control mayoritario significa que las compañías de Estados Unidos contarían con la capacidad de tomar decisiones estratégicas sobre inversión en tecnología, planes de perforación y acuerdos de exportación, sin que ello suponga un desembolso de los fondos del Tesoro estadounidense.
Desde 2019, la administración de Donald Trump impuso sanciones económicas a la industria petrolera venezolana, incluida la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), con el fin de presionar al Gobierno de Nicolás Maduro. Dichas medidas prohibieron la venta de crudo venezolano en los mercados internacionales y complicaron las transacciones financieras asociadas. El nuevo acuerdo, según Trump, busca revertir parcialmente esas restricciones, permitiendo a firmas estadounidenses operar directamente en el país sudamericano bajo un marco que supuestamente no genera costes fiscales.
En el ámbito técnico, el acuerdo podría estructurarse como un contrato de servicios o de producción compartida, modalidades habituales en la industria petrolera. Bajo un contrato de servicios, la empresa ejecuta labores de extracción y recibe una tarifa fija, mientras que con un contrato de producción compartida opta por un porcentaje de la producción como contraprestación. Al detentar el control mayoritario, las firmas de EE.UU. buscarían maximizar su rendimiento y garantizar la seguridad de las instalaciones, al tiempo que el Estado de Venezuela conservaría un porcentaje minoritario e ingresos derivados de la explotación.
Históricamente, la nacionalización de la industria petrolera venezolana se remonta a 1976, cuando se creó PDVSA. Durante las décadas siguientes, la empresa estatal promovió proyectos de colaboración con multinacionales. Sin embargo, las políticas impulsadas por Hugo Chávez y continuadas por Nicolás Maduro llevaron a una caída sostenida de la producción, por falta de inversión y mantenimiento. En la era de Donald Trump, la estrategia sancionadora profundizó esa contracción, y el nuevo acuerdo se presenta como una fórmula para revitalizar la extracción, a la vez que asegura el control operativo a compañías de Estados Unidos.
A pesar de las declaraciones de Donald Trump, persisten dudas sobre la viabilidad del pacto y su capacidad para prosperar sin generar cargas presupuestarias. Será fundamental observar cómo reacciona el Ejecutivo venezolano y si logra aprobar el convenio en su Parlamento. Mientras tanto, el anuncio subraya la relevancia estratégica del petróleo venezolano en el tablero energético global y la voluntad de Estados Unidos de volver a desempeñar un papel destacado en la región sin incurrir en gastos directos para sus ciudadanos.
