Según Igor Gadelha, de Metrópoles, la candidatura de Pablo Marçal a la Presidencia en 2026 podría producir un efecto indirecto en la contienda: favorecer la elección de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) todavía en primera vuelta. Este escenario depende, sin embargo, de la resolución definitiva del registro de Marçal por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del momento en que dicha decisión se adopte.
Por normativa, el TSE debe analizar todas las solicitudes de registro de candidaturas hasta el 14 de septiembre, que coincide con la fecha de cierre del sellado de las urnas electrónicas. No obstante, los procesos pueden verse prolongados por recursos, informes y otras instancias judiciales antes de llegar a una sentencia firme sobre la validez de una postulación.
Si el nombre del ex entrenador de vida apareciera en la papeleta el día de las elecciones y más tarde su candidatura fuese anulada, todos los votos destinados a él quedarían excluidos del cómputo final. En consecuencia, el número total de votos válidos disminuiría, modificando el reparto que determina si algún candidato alcanza el umbral necesario para ganar sin necesidad de una segunda vuelta.
Para ganar en primera vuelta en Brasil, un aspirante debe obtener más del 50 % de los votos válidos. Si parte de esos sufragios se anulan tras la impugnación, la cifra absoluta necesaria para superar la mayoría simple se reduce proporcionalmente, lo que facilitaría que Luiz Inácio Lula da Silva superase el 50 % de los votos totales en una sola ronda.
El Tribunal Superior Electoral es el órgano máximo de la justicia brasileña en materia electoral. Entre sus funciones están la organización y supervisión de los procesos comiciales, la vigilancia del financiamiento de campañas y la resolución de conflictos jurídicos relativos a candidaturas. Su decisión final sobre Marçal podría confirmarse semanas después de la celebración de los comicios, pero con efectos retroactivos.
El sistema de votación electrónica brasileño, vigente desde 1996, fue diseñado para agilizar el escrutinio y garantizar la seguridad del recuento. Las máquinas electorales quedan selladas y precintadas en septiembre, y sólo se abren el día de la elección. A pesar de ello, el TSE mantiene abiertas las vías judiciales para impugnaciones, lo que da lugar a escenarios como el que plantea la posible inhabilitación de un candidato tras la votación.
Analistas políticos señalan que Marçal, líder de una pequeña facción conservadora, podría restar más votos a contendientes de derecha, como Flávio Bolsonaro (PL) y Renan Santos (Missão). Su perfil de “outsider” —emprendedor, conferenciante motivacional y creador de cursos en línea sobre desarrollo personal— atrae a un electorado que tal vez, de no existir su candidatura, votaría por otros aspirantes al margen de los dos grandes bloques.
En los comicios presidenciales de Brasil suelen concurrir decenas de candidaturas, pero sólo unas pocas logran representación significativa. La posibilidad de que la Justicia Electoral invalide parte de los votos es excepcional, pero el reglamento lo prevé para garantizar que sólo compitan oficialmente quienes cumplan con los requisitos legales.
Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente, ya logró el triunfo en segunda vuelta en 2022. Su hipotética victoria en primera vuelta en 2026 marcaría un hito histórico, pues sólo cuatro de los once presidentes electos en la historia republicana han evitado el balotaje. Entre ellos se halla el propio Lula en 2002, con apoyos que superaron el 61 % de los votos válidos.
De materializarse este escenario, la estrategia de Marçal, más allá de sus aspiraciones personales, terminaría beneficiando indirectamente al Partido de los Trabajadores. La suma de factores jurídicos y electorales recalca la influencia que incluso candidatos de menor peso pueden ejercer sobre el desenlace de una elección presidencial.
