Según información del periódico Gazeta do Povo, el corregidor general de la Justicia Electoral, el ministro Antonio Carlos Ferreira, ordenó el procesamiento de una Acción de Investigación Judicial Electoral (Aije) contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y Geraldo Alckmin (PSB), candidatos a la reelección en 2026. La acción fue presentada por el partido Novo y cuestiona el desfile de la escuela de samba Acadêmicos de Niterói en el Carnaval de este año.
La escuela llevó a la Marquês de Sapucaí, el 15 de febrero, un número dedicado a la trayectoria personal y política de Lula. Según el Novo, el desfile recibió 9,65 millones de reales, equivalentes a unos 1,74 millones de euros, en recursos públicos procedentes de los municipios de Niterói y Río de Janeiro, del gobierno del estado de Río de Janeiro y de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur).
El partido sostiene que las transferencias se formalizaron después de que el número fuera anunciado en julio de 2025. En la petición presentada ante la Justicia Electoral se alega que la exposición de Lula también se produjo a través de la transmisión del desfile en televisión abierta y de la difusión de imágenes en plataformas digitales.
La formación afirma que dicha exposición se realizó fuera de las normas de propaganda electoral, sin garantizar un trato igualitario a los demás candidatos y sin registrar los importes como gastos de campaña. Al examinar la solicitud, Antonio Carlos Ferreira consideró que los hechos podrían, en principio, constituir abuso de poder económico y uso indebido de medios de comunicación. El ministro ordenó que Lula y Alckmin sean citados para presentar su defensa en un plazo de cinco días.
No obstante, la decisión no implica que el TSE haya reconocido la comisión de irregularidades ni la responsabilidad de los investigados. El auto simplemente autorizó la continuación del proceso para que se investiguen las acusaciones.
El presidente del Novo, Eduardo Ribeiro, afirmó que la resolución refuerza la necesidad de investigar. “No estamos hablando de una simple coincidencia o de una manifestación espontánea de apoyo político”, dijo. En la demanda, el Novo solicita que, en caso de que se reconozcan los supuestos abusos, los registros de candidatura o los diplomas de Lula y Alckmin sean anulados y se les declare inelegibles durante ocho años tras los comicios de 2026. El caso está vinculado además a otros procedimientos sobre la financiación del desfile, incluidos recursos en curso en el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).
Antecedentes y contexto
La Aije es una acción regulada por la legislación electoral brasileña para investigar posibles irregularidades en procesos de campaña. Está prevista en la Ley Orgánica de Procesos en Materia Electoral y tiene como objetivo garantizar la equidad y la transparencia en las contiendas electorales. El Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano colegiado de máxima jerarquía en materia electoral en Brasil, fue creado en 1932 y sus resoluciones son definitivas e inapelables.
La Ley nº 9.504/1997, que regula la propaganda electoral en Brasil, establece que cualquier gasto destinado a influir en la voluntad del elector debe constar en los informes de campaña y respetar los límites y plazos fijados. El uso de recursos públicos para eventos o actividades que favorezcan a un candidato puede ser considerado abuso de poder económico, lo que está penalizado con la cancelación de registros de candidatura y la imposición de inelegibilidad.
El Carnaval de Río de Janeiro, celebrado anualmente en el Sambódromo de Marquês de Sapucaí, es uno de los mayores espectáculos populares del mundo. Las escuelas de samba, que combinan tradición cultural y espectáculo, reciben patrocinios y subvenciones para costear sus desfiles. Sin embargo, durante el periodo electoral, cualquier financiación pública debe ajustarse a las restricciones legales sobre propaganda.
El partido Novo, fundado en 2011, defiende la reducción del tamaño del Estado y la transparencia en la gestión pública. Ha promovido varias Aije para cuestionar posibles irregularidades de distintos partidos y funcionarios. Por su parte, la Embratur, responsable de la promoción turística de Brasil en el extranjero, financia proyectos culturales y turísticos, pero está sujeta a criterios técnicos y presupuestarios que impiden apoyar campañas políticas de forma directa.
