Evo Morales durante una intervención ante los medios en La Paz. (Foto: Instagram)
Evo Morales está acusado de liderar los bloqueos que mantuvieron obstaculizadas las principales carreteras de Bolivia durante casi dos meses. La denuncia presentada ante la Fiscalía General atribuye al exmandatario el delito de terrorismo por su supuesta coordinación de las movilizaciones que dejaron inhabilitados tramos estratégicos de transporte terrestre. Según el escrito de acusación, las protestas habrían afectado el suministro de alimentos, combustibles y productos de primera necesidad en varias regiones del país.
Estos cortes de ruta se prolongaron por aproximadamente sesenta días, con manifestantes instalados en puntos clave de conexión entre ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Las vías bloqueadas generaron congestiones prolongadas, episodios de desabastecimiento y tensiones entre camioneros, campesinos y sectores urbanos. Las protestas tomaron fuerza tras una convocatoria de distintas organizaciones sociales, aunque las autoridades bolivianas acusan ahora de dirigirlas a Morales.
De acuerdo con el Código Penal boliviano, la calificación de terrorismo contempla acciones encaminadas a alterar el orden público mediante el uso de la fuerza o la intimidación, afectando derechos fundamentales o servicios esenciales. La Fiscalía General sostiene que los cortes y las concentraciones, coordinadas desde supuestos mensajes de líderes afines, se ajustan a esa definición legal y ponen en riesgo la seguridad interna del Estado.
La imputación de terrorismo contra Evo Morales fue presentada por el Ministerio Público, que considera probada la existencia de una estructura de coordinación y financiamiento de las protestas. Hasta el momento, no se ha registrado un adelanto de la fecha de la audiencia de medidas cautelares, aunque fuentes judiciales señalan que el proceso podría requerir peritajes técnicos y aportes de prueba documental, electrónica y testimonial de distintos participantes en las movilizaciones.
Evo Morales, quien ocupó la presidencia de Bolivia desde 2006 hasta su renuncia en 2019, fue el primer mandatario indígena en la historia del país. Durante sus tres mandatos apostó por la nacionalización de los hidrocarburos y el fortalecimiento de programas sociales destinados a comunidades rurales y pueblos originarios. La imagen de Morales como líder social se consolidó entre amplios sectores, pero también polarizó el escenario político y generó disputas en el ámbito institucional.
La acusación de terrorismo se produce en un contexto de alta tensión entre sectores afines a Morales y el Gobierno actual, que busca reafirmar el control del orden público. Analistas y observadores internacionales seguirán de cerca el caso, ya que podría sentar precedentes sobre el alcance de la responsabilidad penal de exmandatarios y la interpretación de delitos vinculados al desorden y la protesta social en Bolivia.
