Imagen de archivo de un hombre y una joven en un evento social (Foto: Instagram)
Una mujer bielorrusa está siendo investigada tras sospecharse que logró la green card de Estados Unidos de manera irregular, presuntamente con la mediación de un captador profesional. Además, las autoridades apuntan a que habría “comprado” una plaza en una universidad norteamericana para poder regularizar su situación y cursar estudios sin pasar por los procedimientos oficiales de admisión.
Según fuentes judiciales, el captador habría ofrecido a la ciudadana bielorrusa un paquete completo de gestión migratoria: desde la supuesta obtención de la tarjeta de residencia hasta la tramitación del visado de estudiante. Todo ello a cambio de una tarifa no revelada, pero que podría superar los 10 000 € según estimaciones de especialistas en fraude migratorio. La investigación coteja documentos que habrían sido facilitados de forma irregular, así como pagos realizados a cuentas vinculadas al intermediario.
La green card, o tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos, concede a su titular el derecho a vivir y trabajar de modo indefinido en ese país. Normalmente, se obtiene mediante sorteos anuales (Diversity Visa Lottery), por patrocinio familiar, empleo o inversión en proyectos empresariales de riesgo. El trámite oficial requiere pasar por embajadas, entrevistas y exhaustivos controles de seguridad. En este caso, se sospecha que el captador burló esos controles aportando datos falsos y supuestas cartas de aceptación directa de centros educativos.
El presunto mecanismo de fraude no es nuevo: existen redes internacionales dedicadas a facilitar la entrada irregular de extranjeros a cambio de altas comisiones. Estas agrupaciones suelen prometer resultados rápidos y sin papeleo, aprovechando lagunas en la fiscalización de algunos consulados. Los expertos alertan del riesgo que asumen quienes recurren a este tipo de servicios, ya que cualquier anomalía detectada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) puede derivar en la revocación de la residencia y expulsión inmediata.
Por otro lado, el caso también incluye la adquisición fraudulenta de una plaza universitaria. Comprarle el acceso a una institución académica —bien mediante sobornos, acceso a documentos falsificados o pagos directos a personal administrativo— es una práctica penalizada tanto en suelo americano como en la mayoría de países emisores de estudiantes. La denunciante habría presentado un certificado de admisión apócrifo, que simulaba cumplir con los requisitos de notas, dominio de inglés y solvencia económica que exige la universidad.
Las consecuencias legales para la sospechosa pueden incluir cargos por falsedad documental, fraude migratorio y, de confirmarse la implicación del captador, delitos contra los derechos de los trabajadores y asociación ilícita. En Estados Unidos, las penas por este tipo de infracciones pueden conllevar desde multas significativas hasta penas de cárcel, además de la inhabilitación para solicitar futuros visados o retornos al país.
