De acuerdo con Enel São Paulo, el número de hurtos de cables en la Gran São Paulo creció entre enero y julio de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. La compañía, que suministra energía eléctrica a 24 municipios de la región, incluida la capital paulista, registró 4.400 casos en los primeros seis meses de este año, un aumento del 8% frente a los 4.053 hurtos reportados en 2025.
La ciudad de São Paulo concentró el 78% de los robos, con un total de 3.438 incidentes en el primer semestre de 2026. A continuación de la capital, Santo André sumó 250 casos, Osasco 217, São Bernardo do Campo 130 y Diadema 66. Estas cifras muestran que la mayoría de los hurtos se concentran en las zonas urbanas más pobladas y con mayor densidad de infraestructura eléctrica.
Además del repunte en la cantidad de hurtos, el número de clientes de Enel afectados aumentó de 13.961 a 19.570 durante el mismo periodo, lo que supone un incremento del 40% en usuarios sin suministro o con interrupciones parciales. Estos cortes, además de generar molestias en la vida cotidiana de los vecinos, conllevan costes adicionales para la empresa y para el conjunto de la sociedad.
El hurto de cables de cobre es un delito penalizado con penas de prisión de dos a ocho años, además de multa. Enel destacó que mantiene estrecha colaboración con los cuerpos de seguridad pública y organismos gubernamentales para hacer frente a esta modalidad de crimen. La empresa también ha reforzado sus protocolos internos de vigilancia y trabaja en la identificación de receptadores de materiales sustraídos, especialmente de conductores de cobre.
Contexto y retos técnicos
El cobre es un material fundamental en la red de distribución de energía gracias a su elevada conductividad eléctrica y su durabilidad. Sin embargo, también es altamente valorizado en el mercado de materias primas, lo que ha disparado el interés delictivo en su sustracción. Los hurtos de cables no solo provocan cortes de suministro, sino que pueden dañar postes, transformadores y otros equipos, lo que encarece las operaciones de mantenimiento y reparación.
Para mitigar estos riesgos, las compañías eléctricas suelen desplegar sensores de vibración en puntos críticos, sistemas de telemetría que alertan sobre interrupciones no programadas y patrullas de seguridad en zonas vulnerables. Además, en algunos casos se recurre al recubrimiento de los cables con materiales metálicos menos valiosos o compuestos químicos que dificultan su venta ilegal. Estas medidas pueden ralentizar la actividad criminal, aunque no la eliminan por completo.
Impacto social y marco legal
Los cortes de luz afectan al comercio, al transporte urbano y a servicios esenciales como hospitales y centros de salud. En muchos municipios, las autoridades locales han reforzado las sanciones administrativas y han promovido campañas de concienciación ciudadana para que vecinos y comerciantes informen sobre movimientos sospechosos de venta de cobre. En el ámbito legal, se han propuesto endurecer las penas y regular con mayor severidad el comercio y la fundición de metales procedentes de fuentes no certificadas.
La lucha contra el hurto de cables exige, por tanto, un enfoque integral que combine esfuerzos de las empresas suministradoras, las fuerzas de seguridad y la comunidad. Solo así será posible reducir el número de incidentes, proteger la infraestructura crítica y garantizar la continuidad del servicio eléctrico en la región.
