Durante un periodo de crisis de credibilidad en el mercado, el Banco Master acudió al bufete Barci de Moraes, perteneciente a la familia del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, para evaluar los riesgos asociados a la captación de recursos mediante Regímenes Propios de Previsión Social (RPPS), que son los fondos de jubilación de empleados de estados y ayuntamientos en Brasil.
Un informe jurídico elaborado en julio de 2024 por tres abogadas del despacho Barci de Moraes, entre las que se encuentran una hija y una cuñada del ministro, concluía que la entidad financiera dirigida por Daniel Vocaro estaba “apta para captar recursos de RPPS”. Sin embargo, el documento advertía sobre posibles riesgos de corrupción y conflicto de intereses en este tipo de operaciones. Este informe ha sido obtenido con carácter exclusivo por Metrópoles.
En los meses previos, la Policía Federal había llevado a cabo al menos cuatro grandes operaciones para investigar inversiones sospechosas de fondos de RPPS en títulos financieros y vehículos de inversión del Banco Master. La más importante de estas indagaciones involucró aportes por valor de 3 600 000 000 reales brasileños, es decir, unos 648 millones de euros, procedentes de Rioprevidência. En el marco de esa operación, la PF ejecutó órdenes de registro y allanamiento en domicilios vinculados al expresidente del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro (PL).
Ni el bufete Barci de Moraes ni el ministro Alexandre de Moraes han querido hacer declaraciones al respecto.
La consulta jurídica fue solicitada por Fabio de Souza Castanheira, entonces superintendente de cumplimiento del Banco Master, cuando la entidad ya enfrentaba problemas reputacionales que ponían en riesgo su estrategia para captar recursos a través de los RPPS. En ese momento, la Caixa Econômica Federal había identificado títulos atípicos y de alto riesgo en la cartera del Master, y había prohibido la adquisición de 500 000 000 de reales brasileños en letras financieras de la institución, equivalentes a aproximadamente 90 millones de euros.
El despacho de la familia Moraes firmó un contrato con el banco de Vocaro en febrero de 2024 por valor de 129 000 000 de reales brasileños (unos 23,2 millones de euros). Según los datos oficiales, el Banco Master abonó finalmente 80 200 000 reales brasileños, es decir, cerca de 14,4 millones de euros, en 22 cuotas mensuales de 3 600 000 reales (aproximadamente 648 000 euros) entre febrero de 2024 y noviembre de 2025, fecha en que la entidad fue intervenida por el Banco Central de Brasil.
La asesoría se produjo cuando el Master ya contaba con habilitación para recibir recursos de Rioprevidência (Río de Janeiro) y de los ayuntamientos de Cajamar (São Paulo) y Maceió (Alagoas), y mantenía negociaciones con Campo Grande (Mato Grosso do Sul), Paulista (São Paulo) y Osasco (São Paulo). Por aquel entonces, solo un empleado estaba dedicado a la captación de fondos de RPPS, aunque existía el plan de fortalecer ese departamento ante las perspectivas de importantes aportes financieros.
Las adquisiciones de letras financieras del Master por parte de fondos de RPPS se realizaron entre octubre de 2023 y diciembre de 2024. Estos regímenes propios constituyen mecanismos de gestión e inversión de los ahorros destinados a las jubilaciones y pensiones de los servidores públicos. El Ministerio Público Federal (MPF) considera que los recursos obtenidos vía RPPS fueron determinantes para la continuidad operativa del banco tras el veto de la Caixa.
El informe de Barci de Moraes señalaba que el Banco Master cumplía los requisitos para captar RPPS al estar clasificado como institución financiera de categoría S3 por el Banco Central. Al mismo tiempo, subrayaba que esta actividad está sujeta a un marco jurídico estricto, dado que maneja fondos públicos dedicados al pago de pensiones y jubilaciones.
Entre los riesgos identificados, el despacho resaltaba posibles incumplimientos administrativos, conflictos de interés y corrupción. En relación con este último, recordaba que, según la Ley n.º 12.846/2013 —conocida como Ley Anticorrupción—, la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción contra la Administración Pública es de carácter objetivo.
Para mitigar estos riesgos, el informe recomendaba que el Banco Master implementase procedimientos específicos para el segmento de RPPS, incluyendo la elaboración de políticas internas, la formación continua de su personal, la definición precisa de responsabilidades, el refuerzo de los controles de cumplimiento y la supervisión constante de las operaciones.
