Desde comienzos de 2026, el Ministerio Público del Distrito Federal y Territorios (MPDFT) ha intensificado sus acciones contra influenciadores digitales que promueven juegos de azar. El miércoles 8 de julio, el organismo presentó una acción civil contra Virginia Fonseca y la plataforma Blaze, calificando la colaboración entre ambos como un “conluio predatorio”.
El MPDFT solicita que Virginia Fonseca y la casa de apuestas paguen una indemnización mínima de R$ 120 millones (aproximadamente 21,6 millones de euros) por daños morales colectivos. Según la demanda, la creadora de contenidos actuaría como “brazo operacional” de Blaze, encargándose de atraer y convencer a su audiencia de participar en apuestas en línea.
Meses antes, el exconcursante de Big Brother Brasil Felipe Prior ya había sido investigado por el mismo ministerio y se convirtió en imputado por delitos contra las relaciones de consumo y por “abuso de la buena fe” para inducir apuestas perjudiciales, tipificados en el artículo 174 del Código Penal brasileño. Dicho artículo sanciona a quien, por medio de engaño o abuso, aprovecha la confianza de terceros para obtener beneficio económico indebido.
La defensa de Virginia Fonseca ha cuestionado las acusaciones y argumenta que la acción civil debe sustentarse en pruebas concretas y no en su condición de figura pública. Por su parte, Felipe Prior fue contactado, pero no había respondido hasta la última actualización; el espacio para su réplica permanece abierto.
El Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios (TJDFT) aceptó la denuncia penal contra Prior en la 2ª Vara Criminal del DF, lo que formalizó su situación como acusado. En esa misma causa, el MPDFT sostiene que el influenciador participó en un “esquema de publicidad engañosa y predatoria” para la plataforma de apuestas deportivas Seu.bet.br. Según la denuncia aceptada el 13 de abril, se trataba de una operación destinada a atraer consumidores vulnerables con promesas ilusorias de beneficio, pactando incluso que Prior recibiría parte de las pérdidas de quienes apostaran.
Además de la vía penal, Prior enfrenta un proceso civil: en marzo pasado, la 14ª Vara Cível de Brasilia ordenó la retirada de publicaciones en las que garantizaba ganancias seguras con apuestas deportivas.
En la acción contra Blaze y Virginia Fonseca, el MPDFT menciona también a otros influenciadores que promueven juegos de azar en redes sociales, entre ellos Neymar Júnior, Lucas Lira y Bruna Sunaika. No obstante, estos últimos no son réus en la demanda civil: el Ministerio Público reclama a Blaze la presentación de los contratos suscritos con ellos para analizar posibles responsabilidades.
Según el MPDFT, la estrategia de marketing empleada por la casa de apuestas combina la imagen de personalidades de “alta proyección nacional e internacional” con mensajes que promueven la idea de una “renta extra fácil”, incrementando el riesgo de daño a los consumidores. En particular, se cita un vídeo de Virginia Fonseca en el que instaba a sus 56,7 millones de seguidores de Instagram a apostar en el encuentro entre Cabo Verde y Argentina, lo que, según la acusación, demuestra su papel activo en la captación de apostadores.
Contexto y marco legal
El Ministerio Público del Distrito Federal y Territorios es una institución autónoma responsable de defender el orden jurídico, los intereses sociales y la ciudadanía brasileña. Entre sus competencias se encuentra la tutela de derechos difusos y colectivos, como la protección de consumidores frente a prácticas abusivas.
En Brasil, los juegos de azar están regulados por un conjunto de leyes que incluyen el Código Penal, el Código de Defensa del Consumidor y disposiciones específicas sobre loterías y apuestas. La publicidad de servicios de apuestas en plataformas digitales ha generado preocupación por la posible incentivación de ludopatías y por el uso de figuras públicas con gran influencia sobre audiencias jóvenes o vulnerables.
El concepto de “conluio predatorio” alude a acuerdos o cooperaciones entre operadoras y promotores de apuestas para captar usuarios vía prácticas consideradas ilícitas o éticamente cuestionables, como la oferta de información engañosa, la promesa de ganancias seguras o la reducción deliberada de la valoración de riesgos.
La acción civil pública es una herramienta prevista en la legislación brasileña para que el Ministerio Público exija reparaciones económicas por daños morales colectivos, además de medidas para la prevención de nuevos perjuicios. En este caso, la petición de 120 millones de reales brasileños (unos 21,6 millones de euros) busca compensar el impacto social del fomento indiscriminado de apuestas online sin la debida información sobre riesgos.
La defensa de Virginia Fonseca y la de Blaze han anunciado que presentarán sus argumentos técnicos en el proceso, negando la existencia de pruebas suficientes sobre el alegado conluio y solicitando el sobreseimiento de la demanda. Por el momento, el MPDFT mantiene su postura y espera que las próximas etapas del juicio fijen si procede la indemnización reclamada y si se confirman las sanciones a las partes involucradas.
