La defensa del publicitario Thiago Miranda respondió a las acusaciones que motivaron la décima fase de la Operación Compliance Zero, ejecutada por la Policía Federal de Brasil el jueves 9 de julio de 2026. A través de sus abogados, Miranda negó cualquier implicación en hechos ilícitos junto a Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master.
Según el comunicado de sus representantes legales, Miranda nunca participó en actividades destinadas a intimidar, coaccionar o vulnerar los derechos de terceras personas. La nueva fase de la operación, autorizada por el ministro André Mendonça del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, investiga una posible acción coordinada en redes sociales con el fin de afectar la credibilidad del Banco Central y amedrentar a periodistas. La Procuraduría General de la República (PGR) dio el aval para las diligencias de búsqueda e incautación en varios puntos del país.
Thiago Miranda, fundador de la agencia de publicidad Mithi, está señalado como supuesto facilitador de investigaciones dirigidas contra adversarios del grupo de Daniel Vorcaro. La Policía Federal plantea la existencia de un grupo criminal dedicado a intimidar a informadores y a interferir en pesquisas judiciales. Entre los delitos que se investigan figuran presuntos fraudes financieros, formación de organización criminosa, obstrucción a la justicia y posibles violaciones de datos personales recogidos en plataformas digitales.
La Operación Compliance Zero forma parte de una serie de despliegues de la Policía Federal brasileña que apuntan a desmantelar estructuras organizadas que operan con sofisticados esquemas de desinformación y amenazas en internet. Estas operaciones suelen desarrollarse en varias fases y requieren la autorización de la Justicia Federal, así como el aval de la PGR en casos que involucren investigaciones sensibles. La denominación “Compliance Zero” alude al objetivo de acabar con toda práctica que contravenga la ética corporativa y la normativa penal vigente en Brasil.
La defensa de Miranda remarca el principio constitucional de presunción de inocencia y el respeto al debido proceso. En la nota oficial, sus abogados subrayan que “hasta el momento no existen pruebas que vinculen a nuestro cliente con acciones ilícitas” y que él se mantiene “a disposición de las autoridades para colaborar con todas las instancias del procedimiento”. Asimismo, insisten en que ningún avance de las pesquisas debe entenderse como indicio automático de culpabilidad.
En Brasil, el marco jurídico prevé sanciones severas para quienes formen parte de organizaciones criminales (artículo 2.º de la Ley de Organizaciones Criminosas), para actos de obstrucción de investigaciones (artículo 2.º, párrafo 2.º, de la misma ley) y para la violación de datos personales (Ley General de Protección de Datos – LGPD). La Fiscalía Federal y el STF actúan de manera coordinada para garantizar la legalidad de las operaciones y la protección de los derechos fundamentales de los involucrados.
La defensa anuncia que estará presente en todas las audiencias y diligencias para supervisar el correcto desarrollo del proceso. Su objetivo es lograr una investigación equilibrada, basada en pruebas concretas, sin permitir conclusiones apresuradas que puedan dañar la reputación de Thiago Miranda.
