En una notificación extrajudicial enviada al portal Metrópoles, el Banco Itaú niega haber admitido culpa o responsabilidad al suscribir un Termo de Ajustamento de Conduta con el Ministerio Público de Minas Gerais debido a cobros irregulares realizados a clientes. Según el banco, el documento representaría únicamente un acuerdo para zanjar una controversia previa, sin que ello suponga un reconocimiento de prácticas indebidas.
Según informó el citado portal de noticias, Itaú incluyó en las facturas de tarjetas de crédito cobros por seguros y otros servicios que los clientes afirman no haber contratado. Estos cargos aparecían desglosados en las liquidaciones mensuales, aunque muchos usuarios aseguraban no haber solicitado pólizas adicionales ni haber autorizado cuotas de mantenimiento de determinados paquetes de servicios.
El banco alegó, en dicha notificación, que el acuerdo fue únicamente una solución consensual para una controversia pasada, sin reconocer culpa o responsabilidad. En ese sentido, Itaú subraya que la firma del Termo de Ajustamento de Conduta obedeció al deseo de poner fin a un proceso prolongado ante el Ministerio Público de Minas Gerais, sin implicar admisión de irregularidades.
No obstante, la confesión es implícita, ya que el banco reconoce la existencia de descuentos irregulares, lo que indica la materialidad y la responsabilidad en su ejecución. La mera voluntad de restituir los importes detraídos de manera indebida constituye, a juicio de los abogados de los consumidores, una prueba tácita de que dichos cobros se realizaron y respondieron a una acción de la entidad.
De este modo, al comprometerse a devolver las cantidades a los clientes, Itaú confesó implícita y asumió la responsabilidad por la materialidad y autoría del problema. De lo contrario, ¿por qué devolvería el dinero a los titulares de las tarjetas si realmente no existiera reconocimiento de error o ganancia indebida por parte de la entidad?
El Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) es un instrumento jurídico empleado por el Ministerio Público en Brasil para resolver disputas sin necesidad de juicio. Esta figura permite acordar plazos y modalidades de reparación cuando se considera que una empresa ha actuado de forma contraria a las normas de defensa del consumidor, sin que ello implique un condena judicial plena.
El Ministerio Público de Minas Gerais, responsable de la supervisión de esta medida, es una institución autónoma cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de la legislación y proteger los derechos colectivos e individuales indisponibles. A través de sus promotores de justicia, el organismo puede celebrar TACs con empresas de diferentes sectores, incluidos los servicios financieros.
La notificación extrajudicial, por su parte, es un requerimiento formal que el consumidor o un órgano público dirige a la empresa, advirtiendo posibles infracciones y solicitando su corrección antes de iniciar acciones legales. Aunque no genera un procedimiento contencioso de inmediato, presiona al infractor a asumir responsabilidades y a reparar eventuales daños.
En Brasil, el Código de Defensa del Consumidor establece pautas claras sobre la transparencia en la contratación de servicios bancarios. Las entidades financieras están obligadas a informar de forma precisa y gratuita todas las condiciones de seguros, comisiones y productos adicionales. Las quejas por cobros no autorizados pueden presentarse ante el Banco Central o la Superintendencia de la Economía Solidaria, así como ante el Ministerio Público.
En los últimos años, el sector bancario brasileño ha enfrentado un creciente número de demandas por prácticas similares. Varias instituciones han tenido que firmar TACs y compensar a miles de clientes. En este contexto, las partes involucradas suelen acordar devoluciones parciales o totales de los montos cobrados erróneamente y establecer mecanismos de supervisión para evitar reincidencias.
