El coronel Marcelo Salles, candidato a concejal en 2024 por el PSD, modificó sus declaraciones sobre su participación en la campaña electoral después de que su designación para la presidencia de São Paulo Turismo (SPTuris) fuera rechazada por el comité de elegibilidad de la empresa pública. Expertos consultados por esta columna mantienen opiniones divergentes acerca de sus posibilidades de ocupar el cargo. El caso está bajo análisis del Tribunal de Cuentas del Municipio (TCM).
La SPTuris, una sociedad mixta vinculada al ayuntamiento de São Paulo, está sujeta a la Ley de las Empresas Estatales, que exige un periodo de cuarentena de 36 meses para que los políticos asuman cargos de dirección en entidades de este tipo. Esta norma fue objeto de una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) planteada ante el Supremo Tribunal Federal (STF), que ya confirmó su constitucionalidad. De este modo, existe consenso en que los candidatos solo pueden asumir cargos en empresas estatales tras haber transcurrido ese plazo.
Salles fue rápidamente propuesto para la presidencia de la SPTuris después de que el alcalde Ricardo Nunes (MDB) recibiera documentos que confirmaban una denuncia realizada por esta columna. Para ser aprobado, el coronel debía pasar por un comité interno de la SPTuris, que incluía la cumplimentación de un formulario de elegibilidad.
El documento al que tuvo acceso esta columna revela que Salles inicialmente admitió haber actuado en los 36 meses anteriores como “participante de estructura decisoria de un partido político” y “en trabajos vinculados a la organización, estructuración y realización de campaña electoral”. Debido a esas manifestaciones, la SPTuris rechazó su nombramiento y devolvió la propuesta al ayuntamiento. Entonces, Rafael Moreira, jefe de la Asesoría Jurídica de la Secretaría de Gobierno, ordenó que Salles aclarara las condiciones de su implicación en la campaña.
Ese mismo día, Salles volvió a rellenar el formulario, marcando “no” en las preguntas en las que antes había respondido “sí”. La nueva versión fue remitida por la Secretaría de Gobierno a la procuraduría municipal, con el argumento de que la situación estaba “superada” debido a un “error material” en el primer llenado.
Aunque Salles no detalló bajo qué condiciones participó en la campaña y en el partido, el procurador responsable orientó a su equipo a calificar el episodio como “superado”, considerando que su “sí” inicial era un “error material” y no una divergencia en la interpretación de la ley.
Consultado por Metrópoles, Salles declaró que no gestionó su propia campaña, que fue “solo candidato” y solicitó que las preguntas le fueran enviadas por escrito. Al ser preguntado cómo pudo ser candidato sin organizar, estructurar y llevar a cabo su propia campaña, guardó silencio.
El ayuntamiento no respondió a las preguntas remitidas el miércoles de la semana pasada (10). El TCM informó que aún no se ha pronunciado sobre un caso concreto que pudiera servir de precedente y que está evaluando la información facilitada por la investigación a través de su Asesoría Jurídica.
DECISIÓN TOMADA A PUERTAS CERRADAS Y SIN OPINIÓN LEGAL
Rafael Moreira declaró a esta columna que fue consultado en una reunión a puertas cerradas con Salles acerca de la imposibilidad de que el coronel asumiera la presidencia de la SPTuris y concluyó que no existía impedimento, apoyándose en un caso similar juzgado por el tribunal de cuentas de Minas Gerais.
No obstante, la procuraduría no emitió ningún informe formal respaldando esa interpretación de la ley, creada en 2016 para evitar que candidatos derrotados fueran premiados con puestos en empresas públicas.
“Es un error material porque él no desempeñó simultáneamente las tres funciones (organizar, estructurar y realizar la campaña)”, afirmó el procurador, reconociendo a su vez que desconoce los detalles exactos de la participación de Salles en la campaña.
La legislación electoral, en cambio, atribuye al candidato la responsabilidad de la apertura y gestión de la cuenta bancaria electoral, de la rendición de cuentas ante la Justicia Electoral y de la regularidad de los gastos de campaña. Estas actividades corresponden a las funciones de organización, estructuración y realización de campaña.
El fallo del STF para la ADI que abordó la constitucionalidad de la norma recoge una cita del libro Estatuto Jurídico de las Empresas Estatales, de Gustavo Amorim Antunes, que señala: “La participación en campaña electoral inhabilita únicamente a quien haya ejercido cumulativamente las tres actividades (organización, estructuración y realización de la campaña), pues todas están unidas por el ‘y’” y añade: “Esta prohibición alcanza al propio candidato”.
Para Marco Tanoeiro, jurista con veinte años de experiencia en asesorías legales de ayuntamientos del área metropolitana de São Paulo, no hay duda de que un candidato a concejal no puede asumir la presidencia de una empresa estatal.
“Ya existe un pronunciamiento del Supremo confirmando la constitucionalidad de la Ley de las Empresas Estatales. El candidato se equipara, efectivamente, a quien participa en la organización de la elección. ¿Cómo puede ser candidato sin tomar parte en la campaña? No puede ejercer la presidencia. Si fuera funcionario por oposición, no habría problema, pero un cargo de consejo o presidencia, evidentemente no. Debe cumplir la cuarentena”.
Por su parte, Rafael Bonino, abogado especialista en Derecho Constitucional y Electoral, considera que la inhabilitación no se aplica de manera automática: “La ley no impide el nombramiento de quien ha sido candidato. La restricción se dirige a quienes tuvieron una participación activa y formal en la estructura de la campaña. El análisis correcto no consiste en si la persona fue candidata, sino en si desempeñó alguna función en la organización, estructuración o realización de la campaña electoral de forma profesional o como parte de la estructura decisoria. Quien fue solo candidato en 2024 no está automáticamente inhabilitado para asumir un cargo en una empresa estatal, ni necesita cumplir la cuarentena de 36 meses”.
