La columna obtuvo nuevos audios de una reunión entre Rogério Borges Freitas, defensor público de Mato Grosso, y una empleada que lo acusó de acoso sexual, con episodios que se prolongaron durante casi una década. Tras la denuncia, fue apartado de sus funciones durante 60 días.
Durante el encuentro, celebrado en marzo de este año para abordar conflictos en un área de la institución, Rogério calificó a la empleada de tener un “espíritu faccioso” y un comportamiento “rebelde”. Según los audios, el defensor instó a la trabajadora a aceptar las órdenes de su superior sin cuestionamientos.
“Eres una persona maravillosa, pero tienes la lengua muy larga. A nadie le interesa tu vida. Siéntate, haz tu trabajo y no comentes nada con nadie”, afirmó Rogério. Aconsejó a la empleada que mantuviera una actitud sumisa: “Recibe la orden de tu jefe. No adoptes posturas de oposición o rebeldía. Procura mantener la sumisión allí. Porque nosotros te acogemos y abrimos las puertas del sector. Te tengo respeto y cariño, pero ciertos comportamientos deben ajustarse”.
La mujer denunciante relató que sufrió un impacto psicológico en su lugar de trabajo y que comenzó un seguimiento psiquiátrico y psicológico para hacer frente al estrés. “Estoy bajo medicación, en tratamiento psiquiátrico y psicológico. Todo este asunto se ha intentado silenciar. Solo estoy aquí porque necesito hablar de lo que he vivido. Incluso he pensado en arrojarme de un piso alto con las cosas que me ha dicho”, confesó.
En un momento de la reunión, Rogério leyó fragmentos del capítulo 12 del Evangelio de Mateo, mencionando que “la boca habla de lo que está llena el alma” y advirtiendo que cada uno responderá por sus palabras “en el día del juicio”. Insistió repetidamente en que la empleada debía perdonar al superior al que acusaba: “¿Usted le va a perdonar y él le pedirá perdón a usted?”.
ENTIENDA EL CASO
La investigación se originó tras la denuncia de la trabajadora ante la Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá (Mato Grosso), en mayo de este año. En su denuncia, la víctima detalló que los incidentes se remontan a enero de 2017, cuando el defensor público le ofreció llevarla en coche y, bajo el pretexto de ayudarla con el cinturón de seguridad, se lanzó sobre ella.
Al año siguiente, en enero de 2018, Rogério supuestamente invitó a la empleada a su despacho para leer pasajes de la Biblia, en presencia de otra colega. En julio de 2019, según el relato, elevó la voz y la humilló, exigiéndole que realizara tareas para las que no estaba cualificada.
OTRA DENUNCIA
El caso, inicialmente difundido por esta columna, tuvo nuevos desarrollos tras otra denuncia de una exempleada. Según su versión, después de un velatorio en 2023, Rogério condujo con ella durante aproximadamente una hora antes de estacionar en un lugar oscuro, donde, siempre según la acusación, sostuvo su mano e intentó besarla a la fuerza. Tras resistirse, la víctima vio cómo sus funciones fueron reducidas gradualmente, permaneciendo sin tareas asignadas durante periodos prolongados hasta ser despedida en febrero de 2024.
La Policía Civil de Mato Grosso confirmó en un comunicado que las investigaciones de ambos casos continúan en la Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá. “Los hechos están siendo investigados con celeridad e imparcialidad”, aseguraron las autoridades.
CONTEXTO NORMATIVO
En Brasil, la Defensoría Pública es un órgano fundamental para garantizar el acceso a la justicia de personas que no pueden costear un abogado particular. En casos de acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral, especialmente dentro de instituciones públicas, la ley prevé sanciones administrativas y penales. El Código Penal brasileño tipifica el acoso sexual como delito, con penas que pueden oscilar entre uno y cuatro años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos. Además, las instituciones suelen aplicar medidas cautelares —como la suspensión temporal de funciones— para preservar la integridad de las presuntas víctimas durante la fase de instrucción.
Este tipo de procedimientos también involucra el apoyo de profesionales de salud mental y la intervención de organismos de defensa de las mujeres, cuya función es velar por la protección de los derechos de las víctimas y orientar sobre las vías de denuncia y reparación. La repercusión de este caso en Mato Grosso ha reabierto el debate sobre la necesidad de protocolos más estrictos y de una formación obligatoria en cuestiones de género y acoso para todos los servidores públicos.
